LA EVIDENCIA científica ha demostrado que la prevención y el tratamiento de la diabetes son efectivos y económicamente rentables. Está ampliamente demostrado que el mal control de la enfermedad llega a generar graves daños personales y enormes pérdidas en la economía de los países; o sea que el buen control de las personas con diabetes debe ser prioritario en las agendas de los gobiernos. Es una realidad manifiesta que cuenta con el aval de las Sociedades Médicas mundiales, desde las de Endocrinología hasta -y sobre todo- la Organización Mundial de la Salud.

Pues bien, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nuestro Gobierno canario viene una vez más a contravenir esta evidencia. Y es que en la sesión del 22 de octubre el Gobierno de Canarias aprobó una serie de medidas extraordinarias "para la reducción del gasto en la actividad administrativa" (Resolución 6.043 de Presidencia del Gobierno, BOC de 3 de noviembre) en la que se cargan de un plumazo una de las pocas cosas eficaces de las que las personas con diabetes en Canarias podíamos presumir: el sistema de dispensación de tiras reactivas para el control de glucemia a través de las farmacias. Ahora van a distribuirse en los centros de salud y los pacientes verán radicalmente limitadas las posibilidades de acceder a este material indispensable de autocontrol. Por un lado, porque el número de centros de salud de Canarias es escandalosamente inferior al de farmacias (100 centros frente a 700 farmacias) y por otro, porque tendrán que adaptarse a una importante reducción de horarios (coincidiendo en muchos casos con la jornada laboral del paciente).

De aquí es de donde quieren ahorrar, con la absurda excusa de "reducción del gasto". Esta Resolución va a suprimir un buen sistema; bueno por lo accesible y eficaz para muchas personas con diabetes, que venían siendo testigos directos de que conocer sus niveles de glucosa en sangre mediante estas tiras es decisivo para su salud y calidad de vida.

Por un lado se difunde la necesidad de controlar la diabetes y por otro se ponen barreras para hacerlo. Establecer ahora otro sistema que en otras comunidades autónomas ya ha demostrado ser ineficaz, para ahorrarse unos euros, en comparación con lo que cuesta hacer frente a las complicaciones asociadas al mal control, en una comunidad que ronda ya el 16% de personas afectadas de diabetes tipo II, es de una cortedad de miras que bien define a nuestros gobernantes.