El último informe del Servicio del Defensor del Profesor del sindicato de enseñanza ANPE en Canarias sobre agresiones a docentes revela que los ataques tienen un fuerte contenido sexista, puesto que, si bien de las 89 situaciones violentas denunciadas en los últimos doce meses la mitad ha tenido como protagonistas a alumnos y la otra mitad a alumnas, se da la circunstancia de que los profesionales agredidos también se reparten en la misma proporción.

"Las chicas agreden en el mismo porcentaje que los chicos, pero lo sorprendente es que ellas atacan, insultan y faltan el respeto a las docentes de su mismo sexo, es decir, a sus profesoras, y raro es el caso en el que hacen lo mismo con su maestro", explica el psicólogo de Anpe, Domingo Rodríguez, que reconoce que son precisamente las alumnas las que "de manera generalizada recurren menos a la violencia física y mucho más a la intimidación, los insultos y el acoso moral, mientras que los chicos tienden más al contacto violento, al empujón e incluso a golpear con los docentes de su mismo sexo".

No hay ninguna explicación fiable al respecto, pero desde Anpe ponen el acento en el "reconocimiento social que este tipo de comportamientos les da a quien los lleva a cabo, ya que les hace ser los más chachis de la clase".

"Se ha creado un problema social de tal envergadura que lo que antes era un atentado contra la autoridad, ahora sirve para que un alumno se sienta más integrado entre sus compañeros. Es decir, a aquel que en medio de una clase le falta el respeto al profesor, lejos de ser censurado por el grupo, se le tiene más en cuenta, por lo que se siente reforzado para continuar con ese comportamiento", indica Rodríguez.

En lo que sí hay consenso es en que esta situación, que afecta directamente a la labor docente, tiene su origen en el "divorcio entre los padres y los profesores". "Se ha pasado en poco tiempo de un modelo social basado en el autoritarismo a otro muy permisivo, y eso ha hecho que cualquier mal comportamiento se justifique, pero cuando el alumnado agrede a un docente debe haber alguna consecuencia sancionadora que dé garantías a la víctima y castigue al agresor", mantiene el psicólogo, que lamenta que "exista una sobreprotección tal por parte de los padres que los lleve incluso a enfrentarse con los tutores escolares de su hijo".

La ausencia de un decreto que regule la convivencia en los centros educativos canarios, el desfase de la normativa actual, que se remonta al año 1989 y que simplemente establece los derechos y deberes de alumnos y docentes, y la sensación de desprotección que tienen los profesionales de la enseñanza cuando se enfrentan a algún caso de agresión por el alumno hace que el 57% de los profesionales que acuden al Servicio del Defensor de Profesor de Anpe desarrolle problemas de ansiedad y depresión y que un 21% llegue a necesitar una baja laboral.

"La educación es un derecho, así que aunque se registre un ataque, tanto el alumno como su tutor escolar deben continuar yendo a clase. Si la tensión disminuye entre ambos se puede alcanzar cierta normalidad y seguir adelante, pero es en los casos en los que eso no sucede cuando muchos enseñantes tienen que coger una baja laboral porque la presión los supera", sentencia Rodríguez.