El Gobierno de Canarias ha despedido a alrededor de 45 trabajadores sociales que desde el año 2002 y hasta este curso escolar 2010-2011 venían ejerciendo sus funciones profesionales en los centros educativos del archipiélago.
Así lo denunció este miércoles la ex trabajadora social del Proyecto de Atención a Centros Preferentes (Procap), Eva Granados, en rueda de prensa en la capital grancanaria, acompañada por el autor del V Dictamen del Observatorio de la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Luis Barriga, y el presidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, Domingo Viera.
Granados explicó que estos profesionales desarrollaban su labor en los 104 Centros de Atención Preferente y daban respuesta a las demandas sociales más acuciantes tanto con el profesorado como con los alumnos y sus familiares.
AFECTA A 33.000 ESTUDIANTES
Asimismo, desde el Colegio Profesional se quiere llamar la atención sobre que esta medida no afecta sólo a un grupo de trabajadores que se quedan sin trabajo, sino que "repercutirá en toda la población canaria, al interrumpir un proceso que se llevaba realizando con 33.000 estudiantes, los más de 7.000 profesionales de la educación y con padres y madres y sus distintas situaciones sociales".
Abordar problemas relacionados con el absentismo escolar (cifra que ha descendido en los últimos años en ambas provincias con el trabajo realizado), la diversidad cultural, los problemas de convivencia y el asesoramiento directo con las familias, son algunas de las actividades más importantes que se llevaban a cabo, "luchando contra las desigualdades e intermediando entre la familia y la escuela", señaló la trabajadora social.
Los colegiados son conscientes de que el perfil de estos trabajadores sociales y su papel "es muy necesario para coordinar los recursos existentes con los servicios municipales a fin de facilitar el acercamiento entre la familia y la escuela".
"UN GRAN PASO ATRÁS"
Por ello, no entienden cómo, en una situación "tan crítica como la actual, precisamente ahora desaparezcan programas de este tipo en los Centros de Atención Preferente y sea sustituido por el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Proa),promovido y cofinanciado por el Ministerio".
Ante este "despido masivo" efectuado por el Ejecutivo regional, Granados estima que se da "un gran paso atrás en el sistema educativo canario", por lo que insta a la consejera regional de Educación, Milagros Luis Brito, a que "replantee la incorporación de trabajadores sociales a los centros educativos".