El retraso de los ayuntamientos canarios en revisar sus planes generales de ordenación ha frenado de forma considerable el proyecto de extender en las Islas la escolarización de los niños de cero a tres años. Esta demora en la tramitación de los planeamientos municipales se ha traducido en que sólo seis de los 26 consistorios que se comprometieron en 2008 a poner suelo a disposición del Gobierno regional para la construcción y ampliación de escuelas infantiles lo hicieron en el plazo previsto, antes del fin del año 2009.

La intención de la Consejería de Educación al suscribir el Plan Educa3 con el Ministerio de Educación era habilitar 1.014 plazas en centros para alumnos de cero a tres años de edad, una meta para cuya consecución habrá que esperar más de lo previsto. El acuerdo con el Ejecutivo central, plasmado en 2008, contemplaba que las obras estuvieran ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2008, una previsión que no cumplirán ni siquiera los seis municipios que se han ajustado en tiempo y forma a los compromisos adoptados.

Estos son Antigua (Fuerteventura), Breña Baja (La Palma), Fasnia, Arico, Garachico y Los Realejos (Tenerife). Los proyectos de estos ayuntamientos "han salido a concurso y están en contratación definitiva para su ejecución", informa el director general de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería, José Regalado. Todos ellos son de nueva construcción, salvo el de la localidad palmera, que supone la ampliación de un centro escolar ya existente.

Otros tres consistorios -Adeje, Santa Cruz de Tenerife y Tejeda- también se encuentran "más avanzados" y ya han presentado sus proyectos, por lo que la Administración canaria confía en que puedan ser incluidos en el convenio en vigor pese a que cumplimentaron los trámites cuando ya había finalizado 2009.

Nueve municipios más -Hermigua, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa Cruz de La Palma, Santiago del Teide, Tacoronte, Tegueste, Teguise y Valleseco- podrían ser incorporados a un nuevo acuerdo que el Gobierno canario negocia actualmente con el Ministerio de Educación, avanza José Regalado.

Para cubrir el total de plazas previsto por la Administración autonómica sigue siendo necesario que los ocho ayuntamientos que aún no cumplido desbloqueen la revisión de su planeamiento y pongan el suelo a disposición del Gobierno.

"Hay un gran problema con la puesta a disposición de los terrenos -reconoce el director general de Centros e Infraestructura Educativa-. Hemos dicho al Ministerio que a medida que vayamos teniendo lotes iremos encargando los proyectos y así tenemos la seguridad de que esas escuelas infantiles van a llegar a buen fin".

"Tarde, como siempre"

El retraso en el planeamiento urbanístico de los municipios es atribuible a la complejidad de estos trámites. "Son muchas las administraciones que intervienen", explica Regalado. Los procesos se prolongan muchas veces durante más de un mandato y los proyectos previstos no pueden ejecutarse porque los planes generales no contemplan aún el uso educativo de los terrenos donde deben construirse los centros.

Para el Partido Socialista, la responsabilidad de esta situación no puede achacarse sólo a las corporaciones locales, sino también al Gobierno de Canarias, que "llega tarde, como siempre". Así lo entiende la diputada del PSC María Belén Monzón, que critica que el Ejecutivo no haya publicitado con la suficiente antelación el acuerdo para la construcción de escuelas infantiles.

"Es verdad que los ayuntamientos están en revisión de sus planes generales y que tenían que haber puesto ya el suelo a disposición, pero el Gobierno no se ha preocupado de hacer un seguimiento de los 26 firmantes, que si suscribieron el convenio es porque querían cumplirlo", argumenta Monzón, que teme que la construcción de las primeras escuelas no concluya hasta finales del próximo año.

Según los socialistas, la Consejería de Educación "se lo ha tomado con mucha calma" con la intención de "tardar más en aportar el dinero que le corresponde". El acuerdo con el Ministerio establece una financiación de 5,3 millones de euros por parte de cada una de estas administraciones.