La actividad ganadera del Archipiélago sigue teniendo muchas asignaturas pendientes. Como prioridades, en opinión del presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Pedro Molina, es necesario que se destinen "fondos públicos para aplicar la Estrategia Ganadera y legalizar las explotaciones, así como afrontar una eficiente simplificación administrativa"

Molina Ramos reiteró, en declaraciones a EL DÍA, que "queremos que se destinen fondos públicos a la legalización de las explotaciones ganaderas en las Islas. Lo que la Consejería de Agricultura autonómica denominó Estrategia para la Ganadería de Canarias, para nosotros es sólo un análisis Dafo del subsector, sin dotación presupuestaria de ningún tipo ni compromiso. La legalización de todas las explotaciones sigue siendo una asignatura pendiente y sólo se ha iniciado de una manera incipiente. Hay que avanzar más".

Para el titular de esta patronal, la legalización de las explotaciones es fundamental, "no sólo para darle continuidad al negocio, sino para estar con los permisos pertinentes y poder ampliar la actividad. De las 7.000 explotaciones que hay en toda Canarias, ni el 10% están legalmente registradas. Sólo en Tenerife hay 1.000 instalaciones alegales y más de 300 están ubicadas en La Laguna. La ordenación supondría un espaldarazo a la actividad ganadera".

Según subrayó Molina, para poner en práctica la Estrategia de la Ganadería de Canarias "lo que hace falta es dinero para ejecutarla convenientemente. No existen fondos nuevos para ejecutar esta estrategia. Y no podemos permitir que todo esto se haga con los dineros que el Archipiélago ya tiene reglados en la actualidad, ya sean procedentes del Plan de Desarrollo Rural o de otros programas que están en marcha".

Pedro Molina volvió a reiterar que "no vemos que este Plan fije los niveles de autoabastecimiento. Llevamos años solicitando que se fije la cantidad que el Gobierno de Canarias decida al respecto. Lo recomendado por la FAO se cifra en un 50% y, en la actualidad, en el subsector ganadero no creo que lleguemos a una media del 16%".

"Otra de las cosas que le pedimos al Ejecutivo autónomo es que se retrase la entrada en vigor de Ley de Bienestar Animal porque será materialmente imposible ejecutarla sin fondos económicos. Lo único que tenemos es el recordatorio y la exigencia de la puesta en funcionamiento de esta normativa", señaló Molina Ramos.

Imperativo comunitario

La aplicación de la directiva europea supondrá para los avicultores tinerfeños un coste de once millones de euros para la provincia tinerfeña, y una cifra similar en Las Palmas, según avanzó a EL DÍA el copropietario de la granja avícola El Taro y vicepresidente de Agate, David Nuez.

Según Nuez, de las 800.000 gallinas que hay censadas en la provincia tinerfeña sólo 200.000 están adaptadas a la nueva normativa. El coste de este cambio, sin contar la obra civil en las explotaciones y sólo para afrontar el coste de las nuevas jaulas y su montaje, sale a 13,74 euros por gallina.

"Queda un año para cumplir con la Ley de Bienestar Animal y aún más de 600.000 gallinas en la provincia tinerfeña no se han podido adaptar. El asunto es preocupante y no hay una ficha financiera para afrontar este cambio. Es más, de las últimas subvenciones destinadas a modernización dejaron fuera a las seis explotaciones más grandes de las Islas y aquí no se han dado ayudas directas a la avicultura de puesta como en Castilla-La Mancha, con dotaciones que rondan los 20 millones de euros", aseveró David Nuez.

Sobre este asunto, Pedro Molina recalcó que a pesar del importante monto económico que tenemos que afrontar, "ninguna administración se ha mostrado receptiva con nosotros en el sentido de facilitarnos parte de los fondos necesarios para cumplir con las exigencias comunitarias. No tenemos ningún inconveniente en aplicar el contenido de la Ley si contáramos con los recursos adecuados".

Según el presidente de Agate, la aplicación de la Ley de Bienestar Animal ocasionará que muchos ganaderos estén abocados a reducir su producción a la mitad y, como consecuencia directa, prescindir de parte del personal. Además, algunas granjas se pueden ver obligadas a cerrar".

Alertó de que "el mercado quedará desabastecido de huevos de granjas locales, cuya carencia se verá paliada con la entrada de productos procedentes de países extracomunitarios, con lo que, además de la pérdida de frescura, se producirá la paradoja de que a estos no se les exija cumplir con la nueva Ley. Se da la circunstancia de que los ganaderos marroquíes han comprado las jaulas que no se permiten en Canarias, por lo que estamos convencidos de que Marruecos ocupará el vacío que dejarán nuestras explotaciones".

Otra de las reivindicaciones de los ganaderos es que se agilice la simplificación administrativa para evitar perder ayudas. "Con esta maraña de trámites se estén perdiendo subvenciones", y Molina confía en que pronto sea un hecho la promesa del Ejecutivo autónomo de simplificar los trámites.

Agilizar trámites

Desde Agate también se reclama "la promoción de los productos locales a través del fomento del logotipo de las regiones ultraperiféricas. La Unión Europea destina unos recursos económicos para el fomento y difusión de esa marca, que es gestionado por la Comunidad Autónoma y que jamás los ha solicitado a la Comisión Europea. Con ese distintivo, el consumidor sabrá que el 95% del contenido de los productos es de origen local. Se trata de la única forma de garantizar la producción local y, además, es un sello de distinción".

Asimismo, la patronal tinerfeña considera necesario que se lleven a cabo más "campañas de promoción de los productos locales, informando de la importancia económica que tiene consumir el producto local".

Además, desde Agate se considera vital mejorar el autoabastecimiento. "En términos globales son el 18% y, si quitamos los productos de exportación, bajamos al 10%. El Archipiélago canario no puede permitirse ese lujo y, por ello, hay que diseñar una política agraria que defina marcos de implantación, formas de producir y ordene los mercados".