LA REALIDAD de Canarias está sujeta a su carácter como Archipiélago. Se trata de un territorio fragmentado, en el que cada porción posee unas peculiaridades distintivas, no sólo en el aspecto morfológico sino también en el socioeconómico. Ello, como sabemos, conlleva la necesidad de atender determinadas demandas específicas para cada uno de los casos. No obstante, este hecho no evita que los isleños nos consideremos miembros de una misma comunidad, independientemente del lugar de nacimiento o residencia. Así, por expresarlo de una forma diáfana, nos reconocemos como parte de un mismo pueblo, lo que supone que el canario se sienta originario de las Siete Islas y se encuentre en todas ellas como en su propia tierra.
Ese sentimiento de unidad supera las limitaciones físicas, que en nuestras circunstancias están representadas por ese mar que, mucho más que separarnos, se encarga de acercarnos los unos a los otros. Son nuestras aguas y por ese motivo se integran ciertamente en nuestro archipiélago, en su existencia cotidiana y en su devenir; forman parte de nuestra tierra y es justo que así sea reconocido.
Es por ello que uno de los principales referentes del acuerdo de estabilidad alcanzado esta semana entre los presidentes del Gobierno de Canarias y de España para la aprobación de la Ley los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio haya sido, precisamente, el reconocimiento de la canariedad de estas aguas. Se trataba de una reclamación antigua que hasta la fecha no se había podido sustanciar debido a la persistente oposición de los partidos políticos de corte estatal. De esta forma se solventa un error que se había prolongado inexplicablemente en el tiempo.
En todo caso, al margen de los aspectos sentimentales, con toda la importancia que poseen, también concurren en este asunto otros factores realmente trascendentes, que cuentan con una vertiente económica y medioambiental. Disponer de las correspondientes competencias sobre nuestro mar nos atribuye el derecho a opinar, decidir y actuar sobre todo aquello que se refiera a este espacio. De esa manera, Canarias, los canarios, tendrán mucho que decir sobre cuestiones relacionadas con los recursos naturales, como el potencial pesquero o la explotación de hidrocarburos, además de otros aspectos como la preservación de la calidad de las aguas que bañan nuestras Islas.
El acuerdo en el que figura este extremo ha sido tomado desde la responsabilidad y teniendo en cuenta los intereses de Canarias y de sus gentes. Y esos intereses también incluyen otras cuestiones que asimismo se inscriben en el pacto, como las políticas activas de empleo, la reducción de las tasas aéreas, la bonificación de los pasajes para residentes o la renovación del Estatuto de Autonomía, el documento que recoge los derechos y deberes que nos corresponden como isleños que somos con una identidad propia.
Este paso no se ha dado desde la improvisación y la ligereza sino desde el convencimiento de que nos hallamos ante un acuerdo sumamente provechoso para Canarias y su futuro.
* Presidente del Cabildo
de Tenerife
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