Un 3 por ciento de las familias alemanas cuyos domicilios fueron grabados para el polémico callejero virtual "Street View" de Google han solicitado a la empresa que las imágenes de sus domicilios sean borradas, informó hoy el gigante tecnológico.
Google aseguró en su página web que ha recibido 244.237 reclamaciones "on-line" de particulares que residen en alguna de las veinte ciudades alemanas en las que la empresa ha fotografiado calles y plazas para incluirlas en su servicio de navegación.
Se trata de la primera vez que la empresa estadounidense anuncia el número de quejas que ha recibido en Alemania tras el período de reclamaciones que tuvo que establecer en este país siguiendo las exigencias del Ejecutivo federal, y que concluyó el pasado viernes.
No obstante, este 3 por ciento es considerablemente menor que la de alemanes contrarios a que el exterior de sus casas aparezcan fotografiadas en el "Street View", que una encuesta del diario "Bild Am Sonntag" situaba el pasado fin de semana en el 52 por ciento.
Tras varios encuentros con el Gobierno alemán, Google se comprometió a difuminar las imágenes de las viviendas de quienes reclamasen en su página web, empleando una tecnología llamada "blurring" que sólo permite apreciar los contornos del edificio.
Los vehículos con cámaras de Google, que registraron gráficamente las calles de las veinte mayores ciudades germanas durante meses para poner en marcha el controvertido callejero "Street View", fueron fuertemente criticados en Alemania.
Numerosos ciudadanos y políticos apuntaron que este producto de Google atenta contra la privacidad y aporta información a ladrones de domicilios.
Las críticas arreciaron tras conocerse que la empresa estadounidense registraba además con sus instrumentos las redes inalámbricas de los edificios grabados y guardaba sus contraseñas, aunque Google se comprometió a no publicarlos.
El Ejecutivo se reunió recientemente con expertos para estudiar una serie de medidas que garanticen la privacidad de los ciudadanos, un extremo que podría incluir un cambio en la ley de protección de datos, algo que han exigido varios estados federales con carácter urgente.