El acto o acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de julio de 2010 -discutible en cuanto a su naturaleza y efectos- para recomponer, desde el poder ejecutivo, el Estatuto de Cataluña, tal como queda después de la sentencia del TC, provocó crispaciones y acusaciones graves de las que, por poner un ejemplo, ABC se hacía eco el 22 de julio, con este titular a toda página: "Montilla se crece. El Estatuto, íntegro, y otros gestos". Aquella polémica amainó. No por lo que tuviese de cortina de humo, sino por otros acontecimientos, tales como Afganistán, Melilla, elecciones y pactos, prohibición de toros, tregua, etc. Daremos unos datos, no obstante, de la sobrevivencia "silenciosa" del tema. Carreras, catedrático, habló, desde Cataluña: "¿Todo vale?", La Gaceta, editorializa: "Entre traición y desacato", o "La defunción de la Constitución". El Gobierno sale al "rescate" del Estatuto, como pidió Montilla (La Vanguardia). "Los jueces se plantan ante el Gobierno". "Daño irreparable para el descrédito del TC". "De la reivindicación da la ruptura" (El Mundo). Y así seguiríamos. Con la marginación de los catedráticos que optasen a una cátedra sin dominar el catalán (¡qué desconocimiento de lo que es universidad!). Sanciones por no rotular en catalán. Enojo contra la institución del Defensor del Pueblo por recurrir una normativa sobre emigración. Propósito de aparecer de un diario independentista con dinero público.
Pero lo que me preocupa especialmente es la atomización, o la "balcanización del poder judicial", a lo que parecen estar decididos los gobernantes, que aplazan las elecciones hasta noviembre. Y como mérito, aceleradamente, Montilla más que CiU, quiere llevar esos empeños. En el poder judicial que la Constitución establece, en su cima, está en el TC, que ha de ser único por ser supremo, respondiendo además a un principio de igualdad de todos los españoles y de tutela judicial efectiva. En la sentencia está claro el tema. Sofisticadamente, además pudiera hurtarse lo que exige una mínima "lealtad constitucional", que es un axioma, no escrito pero operativo, en países como Suiza, Francia, Alemania y Estados Unidos. Cambiar la Constitución por la gatera sería un desprecio a los componentes del TC, a la magistratura y a todos los españoles, que lo que se quiera es pasar a una normalización.
España, Cataluña, o un "conllevar", como diría Ortega ante Azaña, los sentimientos de identidad de los catalanes con los de los españoles, que también sienten que Cataluña ha sido siempre y debe seguir siendo España. ¿Qué cabe hacer? Antes de aplicar el artículo 155, en relación con el 62 h), sumado a otra problemática de distinta índole, como el rumbo de la economía un adelantamiento de las elecciones generales, o una moción de censura bien meditada, serían, o podrían ser, un remedio frente al riesgo de una "balcanización del poder judicial". Porque supondría el arma más eficaz para el independentismo, que asoma y del que ya se habla.