La Asociación Unión de Guardias Civiles ha acusado directamente a los mandos de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife de "perturbar gravemente" la labor inspectora de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en La Palma, a raíz de los acontecimientos y denuncias de supuestas vinculaciones relacionadas con delitos urbanísticos y revelación de secretos que han desembocado en una causa judicial en la que se ha imputado a varios mandos del cuerpo benemérito en Los Llanos de Aridane y en la propia Comandancia.
Según suscribe la AUGC en un comunicado, "a los agentes del Seprona en la Isla se les ha retirado la clave de acceso al Catastro, una base de datos "sumamente importante para el destacamento que se encarga de los delitos o infracciones contra la ordenación del territorio, para lo que se requiere contrastar continuamente datos en ese sistema".
Desde la Asociación afirman que "a solicitud de la jefatura de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife se ha llevado a cabo esta actuación". Una orden "cuestionable" que "se ha tomado sin motivo notificado justificado, ya que no ha habido accesos indebidos o usos no autorizados de datos para fines distintos a los legalmente establecidos".
Así, añaden, "la situación supone una limitación flagrante a la actuación inspectora de la Unidad afectada que en lo sucesivo tendrá que solicitar auxilio a otras administraciones para ejercer sus funciones, lo que obliga a dar conocimiento previo de las denuncias, antes de que se materialicen". Por ello, concretan, "entendemos que alguien quiere tener conocimiento previo de cualquier paso que dé el Seprona en La Palma".
Al respecto, AUGE se pregunta: "¿que es lo que no quieren que se investigue? ¿se habrá tocado donde o a quien no se debía?". Se recuerda que en la actualidad se investiga el denominado "caso Seprona", en el que el juzgado de Los Llanos intenta averiguar si ha habido responsabilidades en la actuación de varios mandos de la Guardia Civil, a los que se relaciona con un empresario constructor denunciado por el Seprona por multitud de presuntos delitos urbanísticos.
Información clave
Tras la orden emitida el 4 de octubre (ver imagen), los tres agentes del Seprona en La Palma no pueden acceder a la sede electrónica del Catastro, en su versión más restrictiva que no es pública, en la que se concede a usuarios de administraciones públicas la autorización de entrada bajo solicitud previa y para su ejercicio profesional.
En la base de datos catastral (BDC) se describen los bienes inmuebles mediante un conjunto de atributos o características físicas (referencia catastral, superficie, situación y linderos, representación gráfica, año de construcción y calidad de la edificación, uso o cultivo, entre otros aspectos), jurídicas (datos personales del titular) y económicas (valor del suelo, valor de la construcción y valor catastral). También se obtiene información de los expedientes catastrales que han afectado a un inmueble o una finca.
Para realizar los accesos es necesario que se identifique el trámite, procedimiento o expediente para el que se utiliza (es decir, indicar la finalidad para la que se solicita el certificado). Los certificados catastrales telemáticos sólo tienen validez exclusivamente para la Administración o Institución que los obtiene y sólo en el procedimiento autorizado.