Si Canarias quiere alcanzar un desarrollo sostenible lo primero que debe hacer es repensar sus instituciones y procesos de toma de decisiones en materia de ordenación territorial, que derivan del sistema impuesto en España en 1956. Ahora ambos constituyen un lastre al ser "obsoletos", por lo que urge su adaptación y modernización, según explicó ayer el Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad Carlos III de Madrid en la primera de las mesas de trabajo en el marco de las jornadas parlamentarias sobre "Ideas para el futuro", que en esta última edición abordó el binomio territorio y población. Además, este sistema produce normas en exceso que resultan contradictorias entre sí.

Este último aspecto fue una crítica compartida por Víctor Hernández, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y Miguel Becerra, director adjunto de Gestur Tenerife, que también intervinieron en la mesa que abordó el territorio, así como Juan José Santana, jefe de área de Coordinación de Planeamiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

En la mesa sobre población participaron Luis Alberto García, catedrático de Psicología de la Educación de la ULL; Vicente Manuel Zapata, profesor titular de Geografía Humana de la ULL y Dirk Godenau, director científico del Observatorio de la Inmigración en Tenerife (Obiten).

Parejo explicó que uno de los problemas "prácticos" que enfrenta Canarias en materia de ordenación territorial es que la legislación canaria sigue lastrada por el corsé del conjunto institucional de 1956, por lo que hay que replantearse el proceso de toma de decisiones en esta materia para hacerlo más simple y adaptarse a la evolución de las circunstancias.

Eso sí, el nuevo modelo debe contemplar que ya no hay dinero público para ayudas, por lo que para ser sostenible debe apostar por la "compactación": combatir la dispersión de la población para lograr una mayor eficiencia energética y abaratar el coste de los servicios públicos. Una vía para conseguirlo, explicó parejo, es la apuesta por la rehabilitación urbana.

Víctor Hernández aclara que "el desarrollo tiene que ver con progreso, no con crecimiento" y explicó que con transformaciones "simples" se puede mejorar la eficiencia territorial. Aboga por una "revolución" que actualice el urbanismo vigente para hacerlo más "dinámico". Critica que España pasó de "casi no tener normas" territoriales a una "inflación" posterior que ha llegado a convertirse en una verdadera "hemorragia" que hace difícil cumplirlas porque son contradictorias y actúan en distintos niveles de aplicación.

Miguel Becerra defendió el nivel técnico de esas normas, si bien cree que lo coyuntural se impuso sobre lo estructural, por lo que ve un desarrollo normativo con "demasiado detalle" en ciertos asuntos.