Los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Oficiales (UO) acusaron ayer al Ministerio del Interior de tratarles "como a los terroristas de ETA" después de que se haya prohibido la manifestación de agentes convocada para el 18 de septiembre.
En una rueda de prensa conjunta, los líderes de AUGC, Alberto Moya, y UO, Francisco García Ruiz, anunciaron que recurrirán la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid que no autorizó la protesta al entender que los agentes no pueden asistir a manifestaciones de carácter sindical.
"La Delegación del Gobierno, teledirigida desde el Ministerio del Interior, trata a la Guardia Civil como a terroristas de ETA. Han rastreado nuestras páginas web", denunció Alberto Moya, mientras Francisco García acusó al Gobierno de meter a los guardias "en el mismo saco" que a los colaboradores de la banda. "Debería darles vergüenza", afirmó García, que recordó las decenas de guardias civiles asesinados por ETA.
AUGC y UO denunciaron además que la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil ha enviado instrucciones a todas las unidades para identificar a los agentes que tienen previsto acudir a la protesta de cara a futuras sanciones disciplinarias.
El líder de AUGC destacó la "falta de coherencia" de la Delegación del Gobierno que el pasado martes sí autorizó otra concentración de los mismos convocantes celebrada frente a la sede del Ministerio del Interior.
"¿Estamos locos?"
El presidente de la UO se preguntó por qué el Gobierno acoge a disidentes cubanos ante la falta de libertad del régimen castrista y después "hace lo mismo" con los guardias civiles. "¿Pero es que nos estamos volviendo locos?, proclamó Francisco García, que pidió al presidente Zapatero que "tome las riendas" y se haga cargo del conflicto en la Guardia Civil.
Además, el líder de UO reprochó al titular de Interior que se ocupe su tiempo en prohibir manifestaciones y no en mejorar la seguridad de cuarteles como el de Palmanova, en Mallorca, en el que se produjo el último atentado mortal de ETA en julio de 2009.
"¿Cuántos más tienen que caer?", se preguntó.
Las dos asociaciones ya avanzaron que si el Gobierno no cambia su actitud abandonarán el Consejo de la Guardia Civil, el órgano que reúne a las asociaciones de agentes y al Ministerio del Interior, por considerarlo "estéril".
Tampoco descartan convocar "peregrinaciones religiosas" que, a su juicio, ya no podrán ser prohibidas por el Gobierno.
La prohibición se basa en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que considera que los guardias civiles no puede acudir a manifestaciones en la que se reivindiquen "derechos de naturaleza sindical" aunque fueran convocadas "por terceros".
La sentencia del TSJM, que se encuentra recurrida, desestimaba el recurso de la Unión de Oficiales contra una resolución de Interior de octubre de 2008, que prohibía la asistencia de agentes del instituto armado a una manifestación convocada por los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía.