E. PRESS, Las Palmas
El PSOE canario ha pedido al Gobierno de Canarias (CC y PP) que transfiera a los cabildos insulares la gestión integra de la Ley de Dependencia tras su "fracaso" en la aplicación de ésta y tras seguir "siendo el farolillo rojo" en esta cuestión entre las comunidades autónomas españolas.
Los responsables de políticas sociales de la Ejecutiva Regional y de las siete secretarías insulares del PSC-PSOE han subrayado, en un comunicado remitido ayer, que Canarias "sigue siendo el farolillo rojo" en todos los indicadores relativos a la aplicación de esta ley, según datos del Imserso a 1 de septiembre.
El responsable del área de Políticas Sociales del PSOE canario, Aurelio Abreu, y de la secretaria regional de Dependencia, Ventura del Carmen Rodríguez, aseguran en ese documento que el Ejecutivo autonómico está "descuidando lo prioritaria que ha de ser la atención al ciudadano".
Abreu y Rodríguez mantuvieron un encuentro con los responsables de políticas sociales de las siete secretarías insulares de los socialistas canarios, reunión cuyo objetivo consistió en "analizar el grado de aplicación de esta importante norma (Ley de Dependencia) en las islas y que ha servido para constatar el fracaso del Gobierno regional al respecto".
"Gestión nefasta"
Rodríguez resaltó que las conclusiones "no pueden ser más preocupantes, debido a la gestión nefasta de un Gobierno que se ha equivocado en las prioridades".
A su juicio, "en la situación en que están las islas, sólo la transferencia a los cabildos y un trabajo codo a codo con los ayuntamientos permitirá que nuestra Comunidad Autónoma deje de estar a la cola en materia de dependencia y facilitará una gestión eficaz de los expedientes", expuso Ventura del Carmen Rodríguez.
Los datos del Imserso a 1 de septiembre de este año, explicó Rodríguez, "apuntan a que el 4,5 por ciento de la población de Canarias está en situación de dependencia, pese a lo cual, sólo se ha registrado el 1,6 por ciento de las solicitudes, es decir, 33.638".
Rodríguez también destacó que la cifra de personas beneficiarias con prestaciones en el archipiélago sea de 8.040 (0,38 por ciento), siendo también en este indicador "la última comunidad autónoma de España en cuanto a la aplicación de la Ley", tal y como señala el citado comunicado de los socialistas canarios.
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