EL DÍA, S/C de Tfe.
Según las conclusiones de la comisión de investigación del denominado "caso Archivo", más de 100.000 euros que se destinaron a catalogar y digitalizar documentos mediante la contratación de dos personas tuvieron una "aplicación" nada definida, por lo que los miembros de este órgano de control interno solicitaron que les fuera aclarado el destino de dicha partida, que era "la clave de todo el expediente".
Fue el director del Archivo, Febe Fariña, el que emitió un informe en el que aclaraba que "las horas dedicadas a la catalogación son 2.765, que a 37 euros la hora dan un total de 102.305 euros".
La comisión, integrada por Amaya Conde (presidenta y concejal del PSOE), Luz Reverón (CC), Guillermo Guigou (Ciudadanos de Santa Cruz) y Sheila Trujillo (PP), detectó durante el estudio de la documentación irregularidades como que no queda claro cuál era el objetivo a cumplir, ni el procedimiento ni las fases del contrato de J.I.F. Europea de Consulting, que optó al concurso por 235.000 euros, una cuantía superior a la oferta de otra empresa (206.380 euros).
Tras enaltecer las "bondades" de J.I.F., el 28 de noviembre de 2005 la junta de gobierno acuerda adjudicar a dicha empresa el contrato de digitalización del Archivo por una duración de dos años.
Una vez concluido el contrato, el 28 de mayo de 2007, la comisión estima que "es especialmente curioso que en ningún momento se llegó a realizar la segunda etapa del contrato, que costó a esta administración la cantidad de 102.305 euros".
El voto discordante.- Guillermo Guigou (Ciudadanos) fue el único que mostró su desacuerdo con las conclusiones a las que llegó la Comisión de Investigación del "caso Archivo", ya que el resto de los partidos consideraron que no había ninguna irregularidad en la documentación que aportó el ayuntamiento de Santa Cruz respecto a la adjudicación de los trabajos de digitalización de los archivos ni el proceso de sacar a concurso el trabajo ni tampoco la actuación de los responsables. Para Guigou "no se llegó a digitalizar la totalidad del Archivo y las citadas dependencias llevan cerradas un mes sin que los usuarios de las mismas puedan acceder a realizar consultas, por lo que exigimos que se abra definitivamente".
El representante de Ciudadanos se queja de que "el informe no dice la verdad, por lo que llevaremos el caso al pleno del próximo día 17". Al respecto, la presidenta de la Comisión, Amaya Conde (PSOE), aclara que no es competencia de Guillermo Guigou llevar a pleno las conclusiones de la investigación, sino suyas, ya que ella presidía la comisión y debe ser ella la que las exponga tras ponerlas en conocimiento del alcalde.
A pleno.- Amaya Conde estima que "las conclusiones se han votado por mayoría. El expediente sobre el pliego de condiciones que se pidió, así como otra documentación, fue aportado para elaborar las conclusiones. Yo llevaré las conclusiones a pleno porque es mi obligación y no porque nadie me lo exija. Las conclusiones son duras en algunos aspectos y se llevó mal la adjudicación porque tenía que ser el Área de Informática la que se encargara de esta contratación. Asimismo no se ha gestionado de forma adecuada ni se puede decir que el proceso de adjudicación de los trabajos se hizo para favorecer a intereses privados. No soy ni juez ni nadie para condenar o absolver". Además, prosiguió argumentando que "el PSOE no está implicado en este caso y por ello se ha llevado la investigación de forma objetiva. Ha sido Ciudadanos el que ha llevado el tema hasta la comisión".
Poco claro.- "Uno de los problemas es que el pliego de condiciones no es claro y no se habla de digitalización del Archivo Municipal y eso lo criticamos", según Conde, que sostiene que "Ciudadanos pidió el número de documentos digitalizados, que son 940. En el proceso nos hemos percatado de que se habla de implantar un servicio informático y no de digitalización. Espero que esta comisión no sea el final del caso", argumentó.
Sheila Trujillo (PP) aseguró que "se investigó de forma minuciosa y todos estábamos de acuerdo. No hemos visto irregularidades, pero sí existen irregularidades administrativas. No hay que hacer demagogia con este caso. Las conclusiones son objetivas".
Competencias limitadas.- Juan Manuel Brito Arceo, concejal del PP y responsable del Archivo Municipal cuando se decidió digitalizar la documentación del mismo, dijo anteayer a EL DÍA que "yo era el concejal del Archivo Municipal, sin competencias para contratar concursos ni para ninguna otra cuestión. Sólo Guillermo Núñez, como jefe de Servicios Centrales, del que no tengo duda alguna de que realizó dicha contratación y lo hizo acorde a la ley, convocó el concurso. Conozco a Guillermo Núñez y jamás dudaría de él porque es una persona honesta y honrada. Las competencias que me dio el alcalde eran totalmente limitadas". Brito Arceo niega haber realizado pagos, ya que sus competencias estaban limitadas a comprar y contratar, por lo que no podía hacer pagos de ningún tipo.
José Alberto Díaz Estébanez (CC) dijo que "sólo hay que atender a que las conclusiones fueron aprobadas por mayoría".
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