El Gobierno central "no renunciará" a mejorar el poder adquisitivo de los funcionarios públicos "tan pronto como la situación lo permita". Así lo ha asegurado la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, al inaugurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el encuentro ''Política para la administración: retos y oportunidades en la segunda década del siglo".
Según ha explicado, los ajustes salariales aplicados por el Ejecutivo han sido "imprescindibles y urgentes" y son las medidas que "un Gobierno responsable estaba obligado a adoptar" frente a una crisis "compleja y particularmente acusada".
"La administración pública ha estado a la altura de la situación adoptando las medidas de austeridad y mejora de la eficiencia que se requerían. Se ha actuado con celeridad y la respuesta de los empleados públicos ha sido ejemplar", ha resaltado.
A su juicio, los empleados públicos han entendido "mayoritariamente" estas circunstancias y garantiza que el Ejecutivo "no renunciará" a continuar con la mejora de su poder adquisitivo, que ha sido "constante" desde el año 2004.
De todas maneras, Rumí ha dejado claro que los planes del Gobierno respecto al empleo público "trascienden con mucho" las medidas adoptadas con motivo de la crisis. "En apenas seis meses nos hemos visto abocados a adoptar decisiones en modo alguno fáciles, pero el Gobierno no abandona y está apostando por aquellas reformas que creemos necesarias e imprescindibles para avanzar hacia el modelo de administración que necesita nuestro país", ha destacado.
La meta, según dice, es "alcanzar una administración de excelencia", "más ágil y eficiente", "a la altura de una sociedad cada vez más compleja y una ciudadanía cada vez más exigente", que permita desarrollar una acción pública "cada vez más potente".
Para ello, cree que las administraciones no pueden mantener "las mismas estructuras, regulaciones y procedimientos" que tenían en el siglo XX y "deben transformarse y adaptarse a los cambios".
Los retos, a su juicio, se despliegan en tres ámbitos: contar con unos empleados públicos más eficientes y motivados; seguir avanzando en la administración electrónica; y propiciar una mejora general de la calidad en la administración pública.
En lo que respecta al personal, Rumí ha apostado por cambios en las formas de organización interna y en la carrera profesional. En su opinión, la administración española cuenta con unos empleados públicos "bien formados y eficaces" en su trabajo, pero hay que avanzar a la par que la sociedad.
Por ello, cree que hay que adaptar la organización y los procedimientos administrativos para rendir más y que ese rendimiento "se evalúe, se reconozca y se recompense". Así, aboga por potenciar un mayor reconocimiento del trabajo y por "abrir espacio para recompensar el esfuerzo y la innovación".
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Otro de los retos al que el Gobierno concede "prioridad" es el de conseguir "una administración en línea con el ciudadano" para que las relaciones entre ambos se realicen "de principio a fin por Internet y con la misma seguridad y fiabilidad que en la relación presencial".
De esta manera, ha puntualizado, se conseguirá una administración "sin papeles y sin colas, avanzada y moderna, que rompa los tópicos y que sea capaz se ofrecer servicios en tiempo real las 24 horas de los 365 días del año y facilite la vida a la gente".
Desde su punto de vista, los desafíos "no ya del futuro, sino del presente" del Gobierno en este área se orientan en dos direcciones: por un lado, lograr "una administración pública sin costuras", con servicios que interactúen entre "los diferentes niveles de la administración pública, local, regional, estatal y europea"; y por otro, "la difusión pedagógica" de los mismos, ya que son conscientes de que "no son suficientemente conocidos porque no son suficientemente utilizados".
CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
La secretaria de Estado para la Función Pública ha hecho alusión también a la apuesta del Gobierno por "la mejora de la calidad de la administración" y se ha referido a algunos avances logrados.
Así, ha destacado las "políticas de mejora de la calidad", implantadas en la Seguridad Social o en la Agencia Tributaria donde, a través de la implantación de modelos de evaluación de calidad en los servicios, "se ha dado un salto en la detección de problemas y en la mejora la organización".
En esta línea, ha destacado también la "estrategia de mejora de la regulación", dentro de la cual se ha creado la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y la calidad de los Servicios , se ha puesto en marcha el Programa de mejora de la Reglamentación y reducción de cargas administrativas de 2007, y se ha elaborado el Decreto que regula la Memoria del análisis de impacto normativa en 2009.
HUELGA GENERAL
Por último, la secretaria de Estado se ha referido a la huelga general del día 29. Así, ha manifestado que el gobierno "respeta dentro de la discrepancia" la decisión adoptada por los sindicatos y ha enfatizado que "nadie confunda la diferencia legítima con la hostilidad", ya que "no va a ser el sello de un gobierno que quiere contar con los sindicatos para, desde el respeto y el diálogo, seguir avanzando en un camino necesario de reformas".
Así, ha puntualizado que se trata del "ejercicio normal de un derecho democrático" y de una apuesta por la "vía del diálogo para encarar las iniciativas de reforma y mejora que este país necesita". Rumí ha asegurado que ésa es "la voluntad política expresa que les he trasladado a los responsables de los sindicatos de función pública".