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Juzgan a una treintena de personas por un delito de tráfico de drogas

El próximo 13 de septiembre comenzará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el juicio contra los treinta y dos detenidos por la Guardia Civil en el marco de una operación antidroga. La red introducía cocaína en la Isla, procedente de Madrid, por vía aérea, a través de "correos".
5/sep/10 08:05
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EL DÍA, S/C de Tenerife

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá a partir del próximo 13 de septiembre, y hasta el 1 de octubre, el juicio contra 32 personas acusadas de varios delitos agravados contra la salud pública.

Según señalan las conclusiones provisionales de la fiscalía, En el mes de junio de 2007 el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO-Canarias-Tenerife) de la Guardia Civil comenzó a investigar a un grupo organizado de individuos de diversas nacionalidades que se estaban dedicando a la periódica introducción en Tenerife de cocaína.

Una parte del grupo, explica el escrito judicial, almacenaba la sustancia estupefaciente en diversos inmuebles de localidades de la provincia de Madrid. La droga era transportada por vía aérea a la Isla por medio de individuos que viajaban como "correos" reclutados para esta finalidad.

La vendían en bares

Una vez en Tenerife, estos "correos" entregaban la cocaína a un grupo de personas que se dedicaba a su recepción y posterior introducción en el mercado ilícito. En ocasiones, estas personas aprovechaban las facilidades que les otorgaba la explotación de diversos bares, que habían sido previamente arrendados, para "vender" la droga.

Las investigaciones realizadas, durante varios meses, por los funcionarios públicos se saldaron con la detención de las 32 personas, de diversas nacionalidades, aunque siendo la mayoría de ellos ciudadanos españoles.

Los detenidos, han sido acusados de uno o varios delitos agravados, según el procesado, contra la salud pública.

Por estos motivos, el Ministerio Fiscal solicita en sus conclusiones provisionales de entre catorce y cuatro años de prisión, según el imputado, y multas que oscilan entre los 500.000 y 30.000 euros, según el procesado.

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