EL DÍA, S/C de Tenerife
Los más de cien empresarios canarios que siguen formando parte de Gestión de Aguas de Tenerife se están planteando exigir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), emitida hace un año, sobre la privatización de Emmasa. Para ello han encargado el análisis de la situación a sus servicios jurídicos, indicaron ayer fuentes autorizadas de la empresa.
"En el fondo, es una decisión que ya se tomó cuando salió la sentencia que obliga a iniciar de nuevo el proceso de adjudicación, pero la situación en la que quedaría el Ayuntamiento de Santa Cruz cuando Sacyr plantee su indemnización, que podría alcanzar los cien millones de euros, y la crisis económica que atraviesa el consistorio nos llevó a dar un margen que se acaba cuando los números dicen que Santa Cruz tiene el agua más cara del Estado y que pagamos hasta el 220% más que los habitantes de Castellón y eso sin contar lo que cuesta el agua embotellada que se bebe en las casas o el desembolso de poner filtros para mejorar la paupérrima calidad que todos padecemos", indica Juan Luis Lorenzo Rodríguez, presidente de Gestión de Aguas.
Hace ahora cinco años que el Ayuntamiento de Santa Cruz se planteó que Emmasa pasara a tener una gestión mixta cuyo concurso, de paso, sirviera para sanear las arcas municipales "y algunos, además, nos planteamos que supusiera una mejora importante en la calidad del agua que sale por nuestros grifos sin que ello implicara un mayor coste económico para los ciudadanos, porque eso, además, estaba taxativamente prohibido en los pliegos", explica Lorenzo.
Por ello, desde el 2006 Sacyr se hizo realmente con la gestión de Emmasa aunque, según reprocha el presidente de Gestión de Aguas de Tenerife "la realidad es terca y lo cierto es que el agua supone 40 euros más año para las familias, es decir, un incremento del 16% por la prestación de un servicio que los ciudadanos perciben cada día como de peor calidad".
Para los empresarios de Gestión de Aguas la "operación maquillaje de las cifras a las que nos tiene acostumbrados Emmasa en los últimos años ya no sirve". De esta forma, el presidente de los empresarios opina que "esta ciudad ya no traga con la cantinela de que el precio del agua se incrementa porque Emmasa tiene que comprar el agua en el mercado insular porque dan ganas de preguntarles qué estudios hicieron para presentarse al concurso y hacer el proyecto con el que se llevaron, nunca mejor dicho, el gato al agua", al tiempo que recuerda que "desde que Sacyr empezó a gestionar Emmasa, la historia del agua de Santa Cruz es un rosario de despropósitos que los medios de comunicación han recogido puntualmente".
Así, cuando aún no se había cumplido un año de su gestión, Sacyr anunció que Emmasa iba a tener unas pérdidas de casi tres millones de euros "cuando en 2004 tuvo unos beneficios de 438.000 euros y un informe encargado por el ayuntamiento de una consultora externa señalaba que, entre 2006 y 2010, los beneficios serían de 4,2 millones", apunta Juan Luis Lorenzo.
Pero la cosa no acabó ahí ya que en 2009 Emmasa aseguró que, con arreglo a una normativa europea, el agua de Santa Cruz podía dejar de ser potable, pero que el líquido elemento capitalino es bueno porque se puede beber y que si los santacruceros acarrean botellas de agua o se compran filtros es debido a lo que Sacyr eufemísticamente denominó "factor cultural". Ese mismo año, la comparativa entre el precio del agua en Santa Cruz y la de los municipios del área metropolitana puso de relieve que los vecinos de Tegueste, La Laguna o El Rosario pagaban 24 y 16 euros menos.
"Ésta es la triste realidad que vivimos todos pero, evidentemente, afecta más a las familias más humildes, a las que más está golpeando la crisis y a las personas mayores, muchas de las cuales tienen que recurrir al agua embotellada sí o sí porque su organismo no aguantaría los niveles del agua que sale por el grifo y que en Gestión de Aguas nos comprometimos a eliminar", explica el presidente de Gestión de Aguas, que anunció el compromiso de la entidad de invertir 89 millones de euros (el doble que lo ofrecido por Sacyr) para que el agua sea óptima.
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