J.A. MEDINA, Candelaria
Entre los aplausos por parte de un grupo de vecinos a las intervenciones de los portavoces de CC y PP y reproches a las del PSC, el Pleno del Ayuntamiento de Candelaria rechazó ayer la propuesta de nacionalistas y populares de que el consistorio solicitara al juzgado la paralización de las demoliciones previstas en Cho Vito y la designación de abogado y procurador para dar cobertura legal a los propietarios de las casas.
Amparado en un informe previo del secretario de la corporación, que propuso desestimar la moción porque el ayuntamiento no tiene competencia en el proceso de recuperación del dominio público marítimo-terrestre y porque pagar a un letrado en esta situación podría suponer lesividad para las arcas públicas, el gobierno municipal sostuvo que sí ha defendido a los vecinos de Cho Vito, mientras que José Fernando Gómez (PP) dijo que "se les deja en el más brutal de los desamparos".
La Ley de Costas fue definida por la oposición como inconstitucional, arbitraria, desproporcionada y abusiva, defendiendo el portavoz popular y su homóloga nacionalista, Ángela Cruz, que es posible salvar lo que queda de Cho Vito teniendo en cuenta el precedente reciente de la sentencia de la Audiencia Nacional favorable a los vecinos de la urbanización Acaymo, donde reconsidera el deslinde, aunque para el gobierno son dos situaciones diferentes.
Según Alfredo Arencibia, portavoz del gobierno local, las palabras de la oposición reflejan "ignorancia, despropósito y falta de seriedad", cuestionándose si CC y PP "le hacen asco a la ley" cuando quieren obviar que la situación de Cho Vito se deriva de la aplicación de sentencias judiciales firmes. "Pretenden tomar decisiones políticas para parar la aplicación de la legislación", añadió el edil socialista, para quien en la implicación de nacionalistas y populares en el mismo "hay mucho tufillo a charlatanería barata".
Gómez y Cruz sostuvieron en todo momento que es posible salvar el poblado marinero y que el alcalde y su grupo de gobierno no han estado junto a los vecinos. Fue el propio regente, José Gumersindo García, quien manifestó a CC y PP que "han estado utilizando Cho Vito y manipulando la verdad". De hecho, anunció que entre 1979 y 1981 fueron abiertos 23 expedientes de infracción urbanística en dicho lugar. "Han convertido a Cho Vito en un museo de feria", dijo Arencibia dando lugar a abucheos.
"Tenía el convencimiento de que harían suya la moción, pero tienen la desfachatez de seguir echándonos la culpa de lo que ha pasado", indicó el portavoz popular, mientras que desde CC Ángela Cruz le pidió al alcalde "que no agache la cabeza".
García Trujillo reiteró su petición de seriedad tanto a los concejales como a los vecinos, ya que "no podemos plantear cosas que pueden ser ilegales".
Nadie en la calle
El alcalde afirmó que "nadie se va a quedar en la calle", añadiendo que de las familias que aún están en Cho Vito tres tienen asignada una vivienda municipal, "pero no podemos obligar a nadie a que la solicite". Mientras se construyan, el consistorio facilitará ayudas al alquiler. "No vamos a dar un trato diferente a Cho Vito respecto al resto de los vecinos", añadió.
"Va a ser recordado como el alcalde de los derribos", manifestó Cruz, mientras que el popular Gómez espetó que se trata de actuar contra Cho Vito en base "a una sentencia que no existe".
Tras varias intervenciones del público contrarias a lo que exponían el alcalde y el portavoz socialista, José Gumersindo García terminó diciendo: "Me da la impresión de que como vecinos no les interesa escuchar la verdad". El enfado fue mayúsculo.
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