El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de Decreto por el que se acuerda la legalización de la primera explotación ganadera del Archipiélago en situación irregular, según el procedimiento establecido en la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial, que contempla la regularización y registro de las instalaciones agropecuarias, informó ayer la Consejería autonómica del área en una nota.

Este proceso se ha iniciado a instancia de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a la que le consta que 491 explotaciones ganaderas han solicitado hasta la fecha su legalización, de las cuales 369 pertenecen a la provincia de Las Palmas y 122 a la de Santa Cruz de Tenerife, detalla el comunicado.

La primera finca legalizada, ubicada en Los Baldíos, en el término municipal de La Laguna, se dedica a la explotación de ganado vacuno y cunícola y cumple los requisitos establecidos en el artículo 5.1 de la citada Ley en cuanto a la clasificación del suelo, así como las condiciones sanitarias, ambientales, funcionales y estéticas mínimas para la obtención de dicha legalización, según ha acreditado la Dirección General de Ganadería autonómica.

Esta actuación supone activar un compromiso de gobierno adquirido al comienzo de la presente legislatura "para paliar la situación de quienes en los últimos años han hecho un importante esfuerzo para la modernización de sus instalaciones y métodos de producción, han contribuido de manera decisiva a fijar población en las zonas rurales de las Islas y han ayudado a conservar el medio ambiente", valoró Agricultura en su nota.

Numerosas instalaciones que hoy constituyen grandes explotaciones de ganado han surgido de forma más o menos espontánea, muchas veces como procesos de reconversión funcional a partir de actividades tradicionales, y en la actualidad se encuentran en una "indeseable" situación de irregularidad, añadió la Consejería que dirige Pilar Merino.

Por otra parte, el rápido proceso de crecimiento del sector ha chocado, en ocasiones, con las necesarias políticas de ordenación y protección del suelo y del medio ambiente. Además, la implantación de una instalación de este tipo requiere en Canarias un complejo proceso administrativo.