"El REF es una especie de constitución económica para Canarias pero, de momento, solo se han desarrollado las cuestiones de índole fiscal. Y ahí está el problema de esta ley, en que se ha forzado la parte fiscal y de la parte económica se ha olvidado todo el mundo". Hecha esta reflexión, Juan Romero Pi subraya que es inaplazable "hacer un catálogo de la situación actual y de lo que se tiene que modificar del REF". El Parlamento de Canarias, recordó, ya ha adoptado una postura de líneas generales de cara a las reformas que se vayan a plantear a partir de 2013 en Bruselas, consciente de que hay que dejar claro qué se quiere reformar exactamente y por qué antes de abrir la nueva ronda de negociaciones con la Comisión Europea en 2013, que implica a otras dos administraciones, la autonómica y la estatal.
En este punto, dijo que es "sorprendente" que pese a que la reforma del REF está fijada para 2013 en la agenda comunitaria, los trabajos de actualización del mismo estén "totalmente parados", con independencia de que haya "algunos anticipos de trabajos preparados en algunas cuestiones, como la ZEC, que tiene que promoverse a partir de 2013". Hasta esa fecha, repitió, "cualquier intento de modificación del REF es una esperanza vana, por cuestiones jurídicas y porque el horno no está para bollos dada la magnitud que ha adquirido la crisis económica internacional".
Acto seguido aludió a que, en este momento, el REF es una "institución muy compleja", por lo que no se puede ir a Bruselas cuando llegue la fecha fijada a decir que "queremos reformar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en abstracto, es como no decir nada", advirtió.
Ejercicios de distracción
Acerca del grupo de análisis del REF que se constituyó a principios del verano de 2009, pocas fechas después de que el presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero, en su discurso en el Debate General sobre el Estado de la Nacionalidad, expresara su voluntad de proceder a su actualización, Juan Romero comentó que tiene una doble lectura: económica y política. "Por una parte, se puede considerar como el inicio formal de la redacción de los trabajos que habrá que presentar en 2013. Y por otra parte, como un intento de distraer de la gravedad de la situación económica actual presentando al REF como la solución de todos los problemas".
Esa " institución compleja" que es el REF ha tenido partes positivas y partes negativas, argumenta el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la ULL. Las partes fiscales, en general, han sido positivas porque "han contribuido al establecimiento de un sistema tributario relativamente moderno. De hecho, el IGIC ha modificado toda la estructura del sistema tributario indirecto en Canarias". Y esos aspectos positivos "han tapado la necesidad del desarrollo de la parte económica de la Ley, que no se ha hecho. Este es el aspecto negativo y perverso del REF. Y eso es lo que se tendría que ver y corregir a partir de 2013. Sería deseable que se hiciese antes, pero desde el punto de vista jurídico comunitario va a ser imposible", reitera. Romero Pi aconseja que se avance entretanto en los aspectos que solo competen a la administración interna española y canaria: el conjunto de los económicos y la superación de una situación legislativa dispersa que dificulta en este momento las distintas reformas que hay que impulsar para adaptar el REF a las nuevas necesidades de la sociedad canaria.
Para Juan Romero Pi, "ya es hora de analizar qué es lo que realmente se ha aplicado de la Ley de 1994, con una regulación complejísima y cuyas disposiciones finales hablan de la necesidad de que el Estado, en un periodo de un año tras la publicación de la misma, la armonice con la Ley 20/1991 de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del REF, de tal manera que quedara un cuerpo legislativo más armónico para su tratamiento y se produjesen unos desarrollos reglamentarios. Después de más de quince años de la promulgación de la Ley de julio de 1994 eso todavía no se ha tocado".
Siguiendo con su hilo argumental, hace hincapié en que alguien tendría que hacer antes de 2013 un catálogo en el que queden claras cuestiones como "si queremos suprimir el IGIC y el AIEM e implantar el IVA; si consideramos conveniente mantener la RIC; qué queremos modificar de la ZEC para intentar que funcione; qué vamos a hacer con el Registro de Buques...".
Modificar la RIC
Por lo que al provecho que las Islas han sacado de las figuras fiscales del REF respecta, Romero señaló con ironía que, como han demostrado los hechos, "ser capaz de recaudar no implicaba una política económica activa para el desarrollo de Canarias". A modo de ejemplo, hizo referencia a que el IGIC, que grava el valor añadido, en los años de bonanza económica se convirtió en una herramienta de recaudación "formidable" para el Gobierno, pero ahora, en tiempos de crisis, ya no basta para atender las necesidades de las administraciones canarias.
La RIC, en opinión de Juan Romero Pi, debe modificarse para acotar mejor quiénes pueden dotarla y en qué sectores se puede invertir el dinero ahorrado en la misma, ya que es la única manera de capitalizar aquellos que interesan en este momento a la economía canaria. La RIC se creó en 1994 y, desde entonces, refiere, "ha tenido efectos beneficiosos en la estructura económica canaria, pero también perversos: en el sector inmobiliario los resultados no han sido muy recomendables. Y el origen del problema está en que se admitió que todo el mundo pudiese dotar RIC. A la luz de los resultados, es hora de hacer una actualización de esta figura, cuyo antecedente está en el Fondo de Previsión para Inversiones que se reguló en los años 70 y que ya venía arrastrándose en el sistema tributario español desde 1954. Ese Fondo, a su vez, es un elemento traído del derecho tributario sueco, que empezó a aplicarlo para el desarrollo de determinados sectores económicos en la década de los cuarenta. Es obvio que hay que adaptar la RIC a los nuevos tiempos".