La polémica persiste en todo lo que rodea a la construcción del puerto de Granadilla, en el sur de la Isla. Mientras ayer la maquinaria pesada comenzaba de nuevo a realizar movimientos de tierras en la zona, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictaba una providencia en la que, además de solicitar a todas las partes implicadas en el proceso judicial abierto por la descatalogación de los sebadales la información oportuna para decidir si plantea un recurso de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada Ley del Catálogo de Especies de Canarias, recordaba que la suspensión cautelar decretada contra dicha descatalogación sigue vigente.

"No ha lugar, en este momento procesal, a dictar una resolución sobre la posible terminación del proceso por pérdida sobrevenida del objeto solicitada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife", dice literalmente la providencia; es decir, que mientras no exista una sentencia judicial o se levante la suspensión cautelar, el Alto Tribunal Canario no considera que la aprobación del Catálogo de Especies signifique la terminación del proceso judicial abierto con anterioridad.

La Autoridad Portuaria solicitó que, como la suspensión de la descatalogación se dictó debido a la aprobación de una orden departamental de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y dicha orden ha quedado ahora sin valor por la aprobación de una norma de mayor rango legal como es la Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, el proceso judicial abierto ya no tiene objeto; algo que no ha considerado de igual forma el TSJC que, además, ha solicitado a todas las partes que le informen sobre si, como dice la Federación Ben Magec, el citado catálogo puede ser inconstitucional por vulnerar competencias de carácter estatal, en cuyo caso tendría que elevar una Cuestión de Inconstitucionalidad antes de pronunciarse en cualquier sentido.

Así las cosas, para el TSJC la situación jurídica de los terrenos en los que está prevista la construcción del puerto sureño es exactamente igual que la de cuando se dictaminó la suspensión cautelar de la orden de la consejería que dirige Domingo Berriel.

"Si un tribunal dicta una suspensión, es un tribunal quien debe levantarla y no se puede interpretar que por un cambio en la ley queda anulada hasta que haya un pronunciamiento explícito de la justicia al respecto", explican fuentes expertas en Derecho Constitucional, que añaden que "si efectivamente en Granadilla se han reanudado las obras, la Autoridad Portuaria podría estar actuando al margen del ordenamiento jurídico, puesto que aunque no existe una suspensión cautelar sobre las obras, sino sobre la descatalogación de la seba, una cosa implica la otra".

Quizás por eso, ayer los trabajos se localizaban lejos de la costa, lo que, sin embargo, no dificultaría la posibilidad de que en los próximos días se presente una denuncia contra la Autoridad Portuaria, que si bien hace cuatro años decidió paralizar las obras "motu proprio" hasta que el TSJC se pronunciara sobre los sebadales, ahora ha retomado los trabajos dos meses después de la aprobación del Catálogo de Especies Protegidas.