La Comisión Europea iniciará en breve los trámites para investigar los motivos que han llevado al Gobierno de Canarias a modificar el catálogo de especies protegidas de las Islas, una iniciativa legislativa -promovida por el grupo parlamentario de Coalición Canaria y aprobada por el Parlamento regional- que se ha topado con una cerrada oposición de la comunidad científica y las organizaciones ecologistas del Archipiélago.
Así lo reveló ayer la directora adjunta de Biodiversidad del Ejecutivo comunitario, Claudia Olazábal, que estuvo presente en la última jornada de la XVIII edición de la Universidad de Verano de Adeje. "La Comisión Europea conoce que ha habido un cambio y está en vías de pedir información y de investigar qué ha producido esa modificación".
Olazábal aclaró que este trámite es "normal" y se emprende para conocer "el alcance de estos cambios frente a la legislación comunitaria". Al igual que con la norma nacional, el catálogo autonómico no puede asignar a una especie un nivel de protección inferior al de la lista europea. La representante de la Comisión admitió que la lista comunitaria está "un poco estática" desde que se aprobó, en 1992, debido a que en su elaboración intervinieron componentes "políticos", además de los puramente científicos.
Claudia Olazábal explicó que las normas europeas, como las directivas de hábitats y de aves, "son muy importantes, han sido difíciles de negociar y tienen implicaciones en la ordenación territorial". Por estas razones, adujo, "se tiende a no reabrir negociaciones que ha sido muy complicado cerrar y, hasta que no se ponen en práctica bien, se tocan lo menos posible".
En cuanto a la situación de la biodiversidad en España, la funcionaria comunitaria recordó que nuestro país "tiene un privilegio enorme", ya que es uno de los que cuenta -si no el que más- con mayor biodiversidad de Europa. Esto representa, al mismo tiempo, "una gran responsabilidad", pues al haber más patrimonio que proteger "también existen más posibilidades de que algo salga mal", dijo Olazábal.
De hecho, España es uno de los países con mayor número de infracciones denunciadas. Pese a que la cifra ha bajado en los últimos años, "sigue siendo bastante alta". La razón, según Claudia Olazábal, es la actividad de "muchas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos que están muy pendientes y ponen muchas denuncias en la Unión Europea".
Sea porque estos colectivos no confían en las instancias nacionales o sea porque quieren evitar los gastos que supone un juicio en España, "suelen ir directamente a Bruselas" a denunciar estas infracciones, que afectan a varias directivas comunitarias, como las de residuos, aguas, naturaleza o impacto ambiental.
La división en comunidades autónomas exige "un esfuerzo adicional" para la coordinación de las medidas globales, comunitarias, nacionales y regionales, aunque España no es el único país con una estructura descentralizada, indicó Olazábal, quien entiende que esta situación no supone "una dificultad", sino afinar el nivel de coordinación entre administraciones.