EL DÍA, S/C de Tenerife
La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) rechazó ayer los recortes en materia de vivienda anunciados por el Gobierno central, que, según señaló en un comunicado son "injustificados, ya que la política de vivienda no solo tiene una trascendencia económica, sino, sobre todo, social".
En este sentido, manifestó su "sorpresa y rechazo ante las alarmantes noticias de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suprimirá las ayudas para la compra de Viviendas de Protección Oficial (VPO), porque de esta manera parece que se quiere dar la puntilla al Plan de Vivienda que tan buenos resultados ha logrado en Canarias".
El presidente de Fepeco, Antonio Plasencia, dijo que no comprende "que se supriman políticas sociales de tanto calado e importancia como son las relacionadas con el acceso a una VPO". Así, aunque reconoció que "estamos en unos momentos donde hay que recortar presupuesto", opinó que "hay otros capítulos de gastos superfluos donde se pueden hacer estos recortes y no en vivienda".
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación provincial, que comparte la visión de los constructores, tildó la de "drástica e inoportuna" la decisión anunciada por el departamento que dirige Beatriz Corredor.
El titular de la institución cameral, Ignacio González Martín, se mostró preocupado ante "el rumbo que tomará un instrumento tan fundamental para la reactivación de la construcción como es el Plan de Vivienda de Canarias, cuyos resultados, hasta ahora, han sido un aliento para un sector que ha sido severamente castigado por la crisis", a lo que agregó que "el tijeretazo afecta, además, a una de las pocas actividades que hasta ahora estaba dando síntomas de recuperación notables como es la compra de VPO".
Por su parte, la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio, Ángeles Marín, precisó ayer, en declaraciones a Radio El Día, que "el único dato que sabemos es que el ajuste que se va a aplicar en cada ministerio rondará el 15%", y, por tanto, en torno a esa cifra rondará el recorte del departamento que representa, a pesar de lo cual, recalcó que "aún es pronto para conocer con detalle el impacto económico que van a tener en las Islas" la iniciativa anunciada por el Estado.
Marín matizó que "la propuesta no contempla la eliminación total de las ayudas a la compra de la vivienda protegida, ya que sólo se trataría de eliminar la ayuda estatal a la entrada, pero, entre otras cosas, se mantienen unos préstamos en condiciones más ventajosas que los que ofrece el mercado para los compradores de VPO".
Del mismo modo, la directora general expresó su voluntad de contar con las aportaciones de las todas las comunidades y de los agentes económicos y sociales del sector al Real Decreto que contemple estas medidas, al tiempo que avanzó que a mediados de septiembre mantendrá una ronda de contactos bilaterales con las distintas autonomías. No obstante, enfatizó que "la política de vivienda se realiza desde las Administraciones autonómicas, así que ésta no puede quedar 100% supeditada a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".
Apostilló que "Canarias es la competente para desarrollar la política en esta materia que considere más adaptada a su territorio y tiene los recursos para ello".
En este contexto, sentenció que "desde el Ministerio tenemos la voluntad de seguir impulsando políticas de esta índole como hasta ahora, pero un reajuste en los PGE no pueden condicionar las políticas de vivienda que se hagan desde cada comunidad".
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