Justicia y Sociedad lleva al PP a Anticorrupción por el "caso facturas"

L.C., S/C de Tenerife

La asociación Justicia y Sociedad presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Canarias en la que solicita que se investigue la actuación de varios representantes del Partido Popular (PP) de Tenerife en relación con el "caso facturas".

Justicia y Sociedad, cuyo portavoz es José Pérez Ventura, que también es miembro de Izquierda Unida Canaria, considera que la presentación de las facturas de gastos personales por parte de varios concejales del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para "justificar" las subvenciones a los grupos municipales podría constituir un delito.

"Podríamos estar hablando de una malversación de caudales del artículo 433 del Código Penal", expone en el texto presentado a la Fiscalía Anticorrupción. También apunta que, "si como han reconocido, se presentaron facturas falsas justificativas de gastos distintos de los realmente realizados como modalidad fraudulenta, podríamos estar ante una infracción del artículo 438 y/o delito de falsificación documental del artículo 390.1 4º del Código Penal".

Para fundamentar esta denuncia por la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos y de falsificación documental se apoyan en un informe elaborado por Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 17 de mayo de 2007. En el texto, que fue dado a conocer en primicia por EL DÍA, se "ponían en evidencia gastos impropios, gravemente irregulares realizados por el Grupo Popular durante el mandato correspondiente a la legislatura 2003-20007", según explica el texto de Justicia y Sociedad.

La asociación realiza un repaso por las principales facturas extrañas que presenta el Grupo Popular, como las destinadas a "bebidas alcohólicas, ropa y complementos, tabaco, reformas en albañilería, ropa interior masculina y femenina o alojamiento para tres personas en un hotel de lujo en el Sur de la isla con circuito de spa incluido, etc".

Pero es en las distintas explicaciones que realizan los concejales del PP afectados en los medios de comunicación donde Justicia y Sociedad encuentra "el núcleo de las conductas penalmente relevantes".

El texto de la asociación recoge declaraciones a la radio de Manuel Fernández, secretario general del PP en Canarias; de Cristina Tavío, presidenta del PP en Tenerife, y Guillermo Díaz Guerra, ex concejal del PP en Santa Cruz de Tenerife.

Los tres explican que la ley, entonces, no ofrecía una subvención libre a los grupos políticos municipales, sino que les obligaba a justificar el gasto de ese dinero con facturas.

La denuncia de Justicia y Sociedad transcribe, entre otras, una declaración en radio de Manuel Fernández en la que éste explica que "cada uno se metió las manos en los bolsillos y sacó las facturas personales que tenía y las aportó" para cubrir el dinero que se habían gastado de la subvención.