La filtración hecha pública ayer del informe realizado por la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre los gastos realizados por los grupos políticos municipales en el pasado mandato (2003-2007) ha revelado una serie de gastos del grupo municipal del Partido Popular (PP) que el órgano fiscalizador entiende que no deberían haber sido ejecutados al no responder a la financiación de las tareas ordinarias del grupo.

De esta forma, y tras la polémica surgida en el seno de la Gerencia Municipal de Urbanismo a comienzos de este año por la realización de determinados pagos bajo la fórmula de libramientos a justificar, las dudas sobre los gastos realizados con el erario público se trasladan ahora a los concejales del PP del pasado mandato.

Tal es así que justo cuando la presidenta insular de los populares, Cristina Tavío, está en vísperas de posicionarse en la puerta de salida para repetir como número uno por el PP en Santa Cruz, se hace público el informe que en 2007 realizó la Intervención General del consistorio capitalino sobre los gastos de los grupos municipales entre 2003 y 2007, en los que se analizan ciertas "incidencias" en la relación de facturas presentadas por el PP.

Gastos varios en complementos.- Cabe recordar que, por aquel entonces, Cristina Tavío era la portavoz municipal del PP en Santa Cruz y su grupo estaba formado, además, por Guillermo Díaz Guerra como portavoz adjunto, Ramón González de Mesa, Maribel Oñate y Juan Manuel Brito Arceo (siendo los dos últimos también concejales en el mandato 2007-2011 con Ángel Llanos en sustitución de Tavío como jefe de filas). En la relación de facturas del PP que aparece en el citado informe destaca la "significativa importancia" de los gastos agrupados en el epígrafe "Comidas" (un 43% de los justificantes aportados), siendo 37 de ellas inferiores a diez euros, por lo que se entiende que "éstas no atienden a comidas de trabajo sino a comidas de carácter personal".

Asimismo, el informe especifica que las cantidades asignadas a los grupos municipales durante el anterior mandato ascendían a 3.000 euros mensuales y a 200 euros más por cada concejal, sumando el PP unos ingresos de 163.978 euros de los que sólo justificó 152.908,80 euros. Ese dinero, destinado a la financiación de las actividades ordinarias del grupo, quedaba expresamente prohibido para "la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial".

Sin embargo, en la relación de facturas que aparece en el anexo del informe de la Intervención General destacan 2.302,91 euros en ropa y complementos, por lo que se subraya que "no se ha respetado" la citada la prohibición. Además, fueron presentadas facturas por importe de 2.273,29 euros por la compra de diversos artículos, entre ellos, cámaras digitales, cuadros, un ordenador portátil o un teléfono móvil.

Una cuenta sin extractos bancarios.- El informe de la Intervención General también pone el acento sobre la falta de los correspondientes extractos bancarios de la cuenta del grupo municipal "necesarios para proceder a comprobar los importes de gastos e ingresos declarados con los efectivamente realizados". De los justificantes aportados por el PP, el 30,37% corresponde a "Comidas" (46.512,18 euros); el 29,69% a "Asistencia técnica" (45.471,42 euros); el 23,74% a "Gastos diversos" (36.328,12 euros); el 9,06% a "Viajes" (13.881,27 euros); el 5,74% a "Material de oficina" (8.793,71 euros) y el 1,40% a "Regalos y otras atenciones" (2.151,47 euros).

De todos ellos, son muchos los que el informe de la Intervención General tilda de "gastos personales que no tienen relación con la actividad del grupo": circuitos termales en el hotel Gran Tacande (de cinco estrellas) por 130 euros; un discman de 82 euros; puros por valor de 105,20 euros; dos prendas de ropa interior por 33,80 euros (en Benetton); zócalo, puertas, bisagras... por 256 euros; etc., etc.,

Un sinfín de deficiencias.- Las conclusiones del informe enumeran una gran cantidad de deficiencias en, prácticamente, todos los justificantes presentados: facturas que no están a nombre del grupo, justificantes ilegibles, gastos no justificados o gastos de combustible cuando el grupo no tenía ningún vehículo adscrito.

Asimismo, el informe incide en el gasto de 921,57 euros en cien camisetas impresas con el logo del PP, algo que considera como propaganda electoral y que por lo tanto estaría incurriendo en una ilegalidad al promover la financiación del partido, así como en los 750 euros de un viaje de Guillermo Díaz Guerra en el que el informe observa que "el cheque de pago está manipulado".

Las razones del informe.- Hace casi cinco años la concejal del Partido Nacionalista Canario (PNC), Esther Sarrautte, provocó la escisión de la formación nacionalista con la petición de informes sobre las asignaciones municipales lo que, a posteriori, generó la marcha de Guillermo Guigou, Ángel Isidro Guimerá y Odalys Padrón y la posterior fundación de Ciudadanos de Santa Cruz. Cinco años después de aquella primera petición ve la luz el informe realizado por la Intervención General relativo a las cuentas justificadas por los grupos políticos municipales para el período 2003-2007.

Sarrautte intentó escenificar una presunta desaparición de fondos de su Grupo Municipal al no ser ingresados en las cuentas del partido a pesar de que los fondos asignados por acuerdo plenario del Ayuntamiento para financiar las actividades políticas de sus grupos no pueden utilizarse como forma de financiación de los partidos.

La edil del PNC interpuso una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por una presunta "falta de justificación de las percepciones económicas del PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz'''' que derivó, según auto de septiembre de 2007, en que se decretara su archivo al no formularse demanda.

De esta forma, el informe de la Intervención General quedó en nada después de que el ayuntamiento alegara que se aceptó la propuesta de la Junta de Portavoces de considerar que se habían justificado las cantidades percibidas por todos los Grupos y el Ministerio Fiscal manifestó su voluntad de no formular demanda "al no ser los hechos generadores de responsabilidad contable".