A partir del próximo curso, los colegios e institutos de las Islas contarán con financiación extraordinaria si cumplen con determinados objetivos, relacionados con la mejora del rendimiento escolar y del manejo de competencias básicas por parte del alumnado y con la reducción del abandono. La Consejería de Educación pondrá en marcha esta iniciativa al amparo del recientemente aprobado Reglamento Orgánico de Centros (ROC) y empleando el instrumento de financiación que ya utiliza con las universidades: los contratos-programa.

Por el momento, más de cien centros han manifestado su interés por suscribir estos acuerdos con la Administración, según informaron ayer Milagros Luis Brito y Gonzalo Marrero, consejera y viceconsejero de Educación del Gobierno autónomo.

La iniciativa no es nueva. Ya otros países europeos la desarrollan en centros no universitarios. Consiste en la firma de un contrato mediante el cual el colegio o instituto se compromete a satisfacer unos objetivos. "Si cumple los porcentajes establecidos, les aplicamos recursos materiales y humanos; si no, se rescinde el acuerdo", indicó Marrero. Estos objetivos han sido fijados por el Ministerio de Educación -que aportará la mitad de la financiación-, mientras que el grado de cumplimiento exigido se ajustará "a los objetivos de cada centro". Deberán ser "alcanzables" y ajustarse a la situación de partida y a la realidad de los centros.

Ésta es una de las medidas que se pondrán en marcha a partir de la entrada en vigor del ROC, que pretende dotar de mayor autonomía y flexibilidad a los centros. Este reglamento -que sustituye a otras tres normativas- también buscará "reforzar la evaluación" de los centros.

Otra de las novedades que permite el ROC es la introducción de la figura del administrador en centros especialmente complejos por su volumen de alumnado o el número de enseñanzas que ofertan. De hecho, diez institutos del Archipiélago ya han dispuesto durante este curso, de forma experimental, con esta figura, con la que se trata de liberar a los equipos directivos de tareas administrativas y burocráticas.

La idea es que, al gozar de mayor autonomía, los centros elaboren proyectos "diversos" y específicos en función de sus características particulares, y eviten así aplicar programas "clónicos", que es lo que viene ocurriendo hasta ahora, según el viceconsejero.