Un colectivo de padres de alumnos, profesores y administraciones locales de las Islas -agrupado en las Ampas Coordinadas de Tenerife y el movimiento social Otra Educación Pública es Posible- presentaron ayer en el Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa popular que contiene 29 objetivos que, a su juicio, deben cumplirse para mejorar el sistema educativo de la Comunidad autónoma.
La diferencia de estas propuestas con las medidas que ha anunciado la Consejería de Educación es, según Fernando Pellicer, del sindicato STEC, que "exigen un respaldo inversor", cosa que el Gobierno obvia, apostilló.
Reducir del número de alumnos por grupo, garantizar la estabilidad de los equipos educativos, promover la dignificación social del profesorado, ampliar la oferta de becas y la de ciclos de Formación Profesional, potenciar las plazas d educación de cero a tres años, son algunas de las metas que se contemplan en el documento. La recogida de firmas para conseguir que el Parlamento lo admita a trámite comenzará en septiembre.
Según Alicia Reyes, otra de las promotoras de la iniciativa, ésta ha sido elaborada "con el mayor rigor jurídico" y satisface "todos los requisitos legales", además de contar con "el máximo respaldo".
"Es un hecho que existe una respuesta unitaria a la situación que vive la educación pública en Canarias", comentaron los miembros del colectivo, que acusaron a la Consejería de basar su actuación en los "grandes titulares", pero no en la consecución de "objetivos a corto, medio o largo plazo".
"La consejera no habla de inversión educativa, cuando se han producido recortes tremendos", dijo Reyes, que auguró que en el próximo curso serán "muchísimo mayores".
El "punto de referencia" en cuanto a los objetivos de inversión debe ser, afirmó Pablo Jerez, de las Ampas Coordinadas, el 7% del producto interior bruto. Esta cifra, recordó, está por debajo de la de algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero es superior a la actual aportación inversora en educación en Canarias, que se sitúa alrededor del 4,6%, precisó Jerez.