La entrada en vigor ayer de la nueva Ley de Morosidad es, a juicio de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, "una de las medidas más útiles y acertadas de los últimos tiempos".
La norma, cabe recordar, fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 en el caso de las administraciones públicas, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta 2013. Además, elimina la posibilidad de que se negocien plazos superiores a los fijados por la ley.
Publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ley obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea directa dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos.
La institución que preside Ignacio González Martín confía en que se pongan en marcha los instrumentos financieros necesarios para que el sector público pueda cumplir con esta exigencia y, de esta manera, deje de "estrangular" la capacidad de inversión de muchas empresas canarias.
Austeridad y eficiencia
Según la Cámara, los problemas financieros derivados de la morosidad son la causa del 40% de las quiebras empresariales. González Martín aplaudió, en un comunicado, la reforma y pidió a las administraciones que "reduzcan al máximo su morosidad con políticas de austeridad y eficiencia".
Sólo en Canarias, las instituciones públicas deben a las empresas privadas más de 1.700 millones de euros, una cantidad que a nivel nacional asciende hasta los 38.000 millones, la misma cifra que necesita el país para reducir su déficit público y cumplir con el objetivo del 3% para 2013, recordó en su nota la institución empresarial.
En los últimos años, la Cámara de Comercio ha denunciado reiteradamente cómo el sector público ha ido dilatando sus tiempos de pago, de forma que en estos momentos tarda una media de 193 días en pagar a las empresas, y 240 en el caso de los ayuntamientos, cuando la media europea es de 67.