El Sindicato Unificado de Policía (SUP), formación sindical mayoritaria en el Cuerpo Nacional de Policía, sugirió ayer que la Policía Autonómica se dedique a realizar las funciones propias que le otorga la ley, y no otras que, a su juicio, no están claras, e, incluso, no le corresponden.

Se refiere el SUP a las dudas generadas en torno a la participación de la Policía autonómica en el dispositivo de seguridad de la Bajada de la Virgen de Las Nieves, en La Palma, donde cuarenta agentes regionales están desplegados desde hace varios días bajo el mando del jefe de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma.

En la misma línea que sus compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quienes urgieron este lunes a que el Cuerpo Autonómico realice las funciones propias, el SUP aseguró ayer que si los agentes regionales prestasen los servicios que les reconoce la ley, el Cuerpo Nacional de Policía recuperaría para realizar sus funciones propias casi una treintena de agentes.

Funciones propias

Como se recordará, entre los servicio propios de la Policía Canaria figuran la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus entes instrumentales, y velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma.

En concreto, y según las fuentes de la comisión ejecutiva federal del SUP consultadas por este periódicos, de estos 26 policías nacionales, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife diez desarrollan labores de vigilancia en el Parlamento de Canarias, otro forma parte de la escolta del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, uno más participa de forma esporádica en la escolta del presidente de la Cámara regional, Antonio Castro, y cuatro están desplegados en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria un agente ejerce labores de vigilancia en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, otro más en el Juzgado de Menores número 2 y dos más en la Fiscalía Anticorrupción. Además, a estos funcionarios se suman, en función de las circunstancias, otros cuatro o seis agentes para la supervisión del traslado de menores.

Con todo, no parece que esta demanda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil vaya a ser resuelta, por lo menos a corto plazo, si se atiende a las últimas manifestaciones realizadas tanto por el presidente canario, como por el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad regional, José Miguel Ruano, quienes han insistido en que el principal cometido de la Policía Canaria será la vigilancia del trapicheo de drogas en las puertas de los colegios.

Cabe precisar que, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Canarias, la Guardia Civil contaba en diciembre de 2009 con 3.511 efectivos, mientras que la Policía Nacional disponía de 3.248 agentes.

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