"Los beneficios de las empresas canarias cayeron un 40% en 2008 y un 80% el año pasado. La situación es muy delicada. Y ahora el panorama se complica para el sector privado, en la medida en que a la falta de recursos y el endurecimiento de las condiciones para prestar dinero por parte de las entidades financieras se suma la decisión del Gobierno, vía decreto, de poner restricciones a los ayuntamientos, sin distinciones, para solicitar créditos. Esta medida y, en particular la antelación con que se ha hecho pública, perjudicará todavía más a la empresa privada, que es la auténtica generadora de empleo y de la que sale el dinero para pagar los impuestos. Por este camino, sólo se logrará alargar la salida de la crisis".

Esta es la opinión del presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), José Fernando Rodríguez de Azero, de la decisión de restringir el crédito, sin distingos, a todas las administraciones, que califica de "peligrosa". El titular de la CEOE-Tenerife no aprueba, de entrada, que se meta en el mismo saco a ayuntamientos que han sobrepasado el límite legal de endeudamiento y a los que no lo han hecho y, en consecuencia, están en condiciones de contratar créditos.

Hay que recordar que una corrección efectuada por el Ejecutivo al Boletín Oficial del Estado retrasa la fecha de entrada en vigor de la limitación a los ayuntamientos para solicitar créditos. Mientras que en el decreto ley publicado el pasado 21 de mayo se señalaba que la restricción estaba vigente "desde la entrada en vigor de la presente norma", en la corrección publicada un día después la pospone "a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011". La idea es que las corporaciones locales puedan continuar pidiendo créditos a las entidades bancarias para financiar sus obras públicas hasta finales del presente año, con las limitaciones de endeudamiento establecidas por la ley. La suavización de estas medida del Gobierno, que se enmarca en el "tijeretazo", no consuela a los ayuntamientos, que aspiran a que, como mal menor, se les permita contraer deuda el próximo año para acabar las obras plurianuales y garantizar las cofinanciadas con fondos autonómicos, estatales y europeos.

Rodríguez de Azero advierte de que esta medida, si no se reconsidera, complicará las cosas al sector de la construcción, que "es quizá el peor parado desde que estalló la crisis", y lo más inquietante, opina, es que actuaciones como esta parecen confirmar los peores pronósticos, que "el sector público, en general, está endeudado hasta las cejas". Después de insistir en que no se pueden meter en el mismo saco a todas las administraciones, "porque hay algunas muy bien gestionadas", hizo hincapié en que esta restricción sin distinciones forzará a un recorte "a tope" de las inversiones. Y si recortan este capítulo -agregó-, cómo van a ayudar a tirar de la creación de actividad, a generar empleo".

El presidente de la patronal tinerfeña aconseja, para evitar que esta medida complique más la mala situación en las Islas, hacer valer su condición de región ultraperiférica de la Unión como fórmula para impedir más retrasos en la ejecución de las grandes obras pendientes. "Esperamos que al menos el puerto de Granadilla arranque. Tiraría de la construcción y aliviaría la mala coyuntura económica de las Islas, que tienen la tasa más alta de paro del país. Para que Canarias salga reforzada de esta crisis necesita contar con las infraestructuras de que tanto precisa para afianzar su progreso y, por supuesto, sacar el máximo partido al REF", apostilló.