El dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre la resolución unilateral del contrato suscrito entre la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Ejecutivo regional y la empresa Dragados SA para la ejecución de las obras del antiguo cuartel de San Carlos ha deparado la solicitud de una nueva propuesta de resolución en la que se solventen los reparos planteados.

De esta forma, se retrasará el procedimiento administrativo que permitirá rescindir las contrataciones y, por lo tanto, retomar la redacción del nuevo proyecto que incorpore las modificaciones que se ejecutaron en su día y que no estaban incluidas inicialmente en la remodelación del citado inmueble histórico.

La Consejería de Economía y Hacienda había solicitado el dictamen del Consejo Consultivo sobre la rescisión de los contratos realizados con la empresa redactora del proyecto (Arquitectos AMP) y con la constructora (Dragados SA) por "grave incumplimiento de las obligaciones contractuales" al ejecutar obras de cimentación que no estaban ni autorizadas ni contempladas en las que se gastaron 2.437.824,46 euros de los 2.700.000 presupuestados de forma inicial.

En el caso de la rescisión del contrato con Arquitectos AMP por ordenar el comienzo de las obras de un modificado sin que éste hubiera sido aprobado por la Administración y, por ello, sin contar con consignación presupuestaria, fue estimada conforme a Derecho.

Sin embargo, en el caso de la constructora Dragados, el Consultivo solicita una nueva propuesta de resolución dado que "el arquitecto supervisor y el propio director general conocían la obra de estabilización del suelo; la visitaron por lo que, aparentemente, consintieron y autorizaron".

El Consejo Consultivo advierte que se trataría "de una de tantas modificaciones fácticas de un contrato de obras que, en mala práctica, se ejecuta sin aprobación y se liquida con posterioridad". Por ello, concluye que la gestión administrativa pudo predisponer a la constructora a ejecutar las obras de cimentación no contempladas en el proyecto inicial y no presupuestadas y reprende a la Dirección General de Patrimonio y Contratación al señalar: "La ilegalidad no admite excusas, especialmente en la actuación, activa u omisiva de la Administración, que debe actuar en defensa de los intereses generales con sometimiento pleno a la ley".

Desde Patrimonio y Contratación confiaban en concluir cuanto antes el trámite administrativo de ambas rescisiones de contrato para aprobar la redacción del nuevo proyecto de rehabilitación pero, ahora, deberán redactar una nueva propuesta de resolución que dé soporte administrativo a dicho trámite para depurar cuantas responsabilidades administrativas, civiles o penales puedan existir.

Los trabajos que provocaron el desfase presupuestario se centraban en el refuerzo de la cimentación dado que el inmueble se levantó sobre un terreno de callao de playa lo que unido a la proximidad del paso del tranvía y las vibraciones diarias hicieron necesario realizar sondeos en el subsuelo no previstos.