En medio de una compleja situación política interna y dirigida por un gobierno en funciones, Bélgica asumió ayer la presidencia de turno de la UE con la intención de sacar al bloque de la crisis y completar las reformas económicas y financieras necesarias.

El dimisionario Yves Leterme -que sigue al frente del Gobierno mientras se fragua una nueva coalición tras las elecciones del 13 de junio- será de momento la cabeza visible de esa presidencia. Y lo será, al menos, hasta octubre, pues según todos los analistas ésa es la fecha más optimista para formar un nuevo Ejecutivo federal.

La habitual complejidad del proceso en Bélgica -Leterme tardó casi nueve meses en poner en pie su Gobierno- se ha visto acrecentada en esta ocasión por los resultados de los comicios, en los que una fuerza abiertamente secesionista como la N-VA flamenca ha sido la formación más votada.

En las últimas semanas, las autoridades belgas se han encargado de dejar claro que esa situación interna no afectará al transcurso de la presidencia europea y que el gobierno que llegue mantendrá la línea de trabajo, pues el programa ha sido consensuado entre todas las fuerzas políticas principales.

Además no se han cansado de recordar la experiencia del país en la gestión comunitaria, resaltando que será la duodécima vez que Bélgica esté al frente de la UE, de la que es socio fundador.

Sin un liderazgo claro en el país, se espera que el semestre sea el de la confirmación del presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, como líder de la Unión, bien por la declarada voluntad de Leterme de cederle todo el protagonismo, bien por la propia situación política belga.

La intención del gobierno es desarrollar una presidencia de "perfil bajo", según aseguró el primer ministro en funciones la pasada semana, con el fin de potenciar tanto la figura de Van Rompuy como de la Alta Representante, Catherine Ashton, los dos cargos creados con el Tratado de Lisboa.

El texto relega a las presidencias rotatorias a un segundo plano, que Bélgica ha prometido aceptar, centrándose en las competencias que le asigna el nuevo tratado.

Entre ellas, la de dirigir el Consejo Ecofin (Economía y Finanzas), gran protagonista desde que estalló la crisis financiera y de la deuda soberana.

Ahí es donde el gobierno belga intentará conseguir su principal prioridad para el semestre: garantizar la estabilidad financiera y recuperar el crecimiento y el empleo en Europa.

En la presentación de su programa, Leterme aseguró que uno de sus grandes objetivos es prevenir, con nueva regulación y supervisión, una repetición del "oportunismo financiero" que a su juicio desembocó en la crisis mundial.

Además, Bélgica quiere ampliar el debate sobre la gobernanza económica y baraja la posibilidad de reunir una "convención" con todas las instituciones comunitarias, incluido el Parlamento, y otros actores, como los parlamentarios nacionales y representantes de la sociedad civil, para discutir la reforma de la economía europea.

En otras áreas, Bélgica pretende avanzar hacia un acuerdo global para combatir el cambio climático y progresar en varios asuntos de Justicia e Interior, como la lucha antiterrorista, los procedimientos de asilo y la inmigración ilegal.