Canarias es la séptima comunidad autónoma con más quejas ante el Defensor del Pueblo durante 2009, con el 4,12 por ciento del total nacional y 893 reclamaciones, lo que en todo caso supone un descenso del 10,43 por ciento respecto a las 997 quejas de 2008, según recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2009 presentado por su titular, Enrique Múgica, a los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, respectivamente.

Por provincias, los ciudadanos que más se han quejado son los de Las Palmas, con 504 reclamaciones, mientras que Santa Cruz de Tenerife acumula sólo 389. Del total de quejas, 766 corresponden a individuos, mientras que hasta 127 de las llegadas son colectivas.

Además, el Defensor del Pueblo pidió "incrementar la dotación de recursos" a los centros de retención de menores inmigrantes "para evitar que su deterioro se agrave poniendo en riesgo las mínimas condiciones de vida de las personas allí residentes".

Sobre esta materia, en su informe explica que las visitas de seguimiento a los centros y dispositivos de emergencia para la atención a menores no acompañados situados en las islas Canarias tienen una situación "más aliviada" pero únicamente "por la menor afluencia de cayucos hacia la costa española y por las gestiones de traslado de los menores hacia otras comunidades autónomas".

Por ello, y para evitar posibles problemas en un futuro, pide más dotaciones económicas a su mantenimiento y desarrollo.

QUEJAS PARA AMPLIAR LA PROHIBICIÓN DE FUMAR

En el conjunto nacional, se han recibido "numerosas quejas" en las que se pide la aprobación de una normativa que ampliase la prohibición de fumar a todos los lugares públicos, como la que este martes toma en consideración el Congreso de los Diputados. No obstante, también ha recibido "numerosas" quejas por sus posibles consecuencias "sociales y económicas".

En un apartado relativo a ''Medidas sanitarias frente al tabaquismo'', el defensor señala que "un año más desde la aprobación de la ley se han recibido numerosas quejas en las que los ciudadanos manifestaban su mayor o menor conformidad con el contenido de la norma. En la mayoría de los casos --precisa--, reclamaban la aprobación de una norma más restrictiva que ampliase la prohibición de fumar a todos los lugares públicos para garantizar una mayor protección de los derechos de los no fumadores".

La propia Oficina recuerda la "necesidad de que se adopten medidas destinadas no sólo a reducir la inducción al consumo de tabaco, sino también a promover los legítimos derechos a la protección de la salud de los no fumadores".

MENOS QUEJAS POR INCUMPLIMIENTO EN LOCALES

No obstante, admite que, aunque "un buen número de ciudadanos ha demostrado un enorme interés y preocupación ante los efectos nocivos para la salud del tabaquismo, se ha visto considerablemente reducido el número de quejas referidas a una deficiente actuación por parte de los órganos administrativos motivada por le incumplimiento de la ley".

Respecto a la modificación de la ley que este martes aborda el Parlamento, la Oficina del Defensor del Pueblo "está recibiendo numerosas quejas que recogen la opinión personal de algunos ciudadanos sobre el endurecimiento de la ley y sus posibles consecuencias sociales y económicas".