M.CH., Los Llanos
La Guardia Civil y la Policía Local de Los Llanos de Aridane están llevando a cabo una intensa colaboración en el control de 110 perros considerados peligrosos que han sido registrados en el municipio por sus propietarios. En aplicación de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y la ordenanza municipal sancionadora aprobada al efecto, se está llevando a cabo la vigilancia del uso y el trato dado a estos animales.
Estos 110 perros con potencial para dañar a personas han sido registrados obligatoriamente en el censo municipal de tenencia de animales, junto a otro medio centenar de canes que no se consideran peligrosos. La presencia uno de estos perros en la calle se toma con especial vigilancia por parte de los agentes municipales o por los guardias civiles, para que se cumpla la necesidad de que sea paseado con bozal y correa, por el riesgo especial que supone el hecho de que puedan andar sueltos.
Así, con el registro de perros peligrosos se tramitan todos los requerimientos necesarios para garantizar el buen uso del animal, como son: el chip de identificación, las vacunas sanitarias, un seguro de responsabilidad civil, un certificado de penales (mayor de edad) y la valoración psicotécnica que permita la tenencia del can.
De esta manera, se evita el problema de la ausencia de controles sobre la cría y venta de cachorros de las razas más peligrosas: pit bull, startfordshire, roltwailer, dogo o presa canario, entre otros. Se trata de luchar contra la posibilidad de que estos ejemplares sean utilizados en peleas clandestinas, que están prohibidas pero que se han detectado en la Isla.
Precisamente, el mal uso de los perros ha generado ya algunos expedientes sancionadores, como el más reciente impuesto por el Ayuntamiento de Los Llanos a una persona a la que se multó con 2.400 euros, tras la intervención de la Guardia Civil.
En Los Llanos se han incoado además una decena de actas policiales como consecuencia de infracciones a la ley de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, penalizando la carencia de licencia administrativa que verifica la propiedad del perro en el momento en el que se encontraba el mismo en un lugar público sin bozal o no sujeto a cadenas.
Tras los requerimientos realizados, se ha cerrado ya la imposición de seis sanciones que llegan a los 300 euros, la cantidad mínima que se está aplicando en función de la irregularidad cometida.
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