Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ) denunciaron ayer que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha emitido una resolución en la que deja de considerar como funcionarios encargados de la tramitación y gestión de los casos de violencia sobre la mujer a 42 funcionarios.
Este recorte afecta a los trabajadores de los juzgados mixtos, es decir, a aquellos que compatibilizan los expedientes de violencia de género con otro tipo de materias judiciales, puesto que se mantiene la totalidad del personal en los juzgados de dedicación exclusiva a violencia de género.
Los citados sindicatos critican que si bien a comienzos de 2009 los secretarios judiciales dictaminaron que en Canarias había 97 funcionarios en los juzgados trabajando en violencia sobre la mujer y que, por lo tanto, debían de cobrar un plus económico por dicho sobreesfuerzo acordado por el propio Gobierno de Canarias, ahora la Dirección General de Justicia los ha rebajado a 55, lo que supone una disminución del 43%.
Sin embargo, desde la Consejería de Justicia se explica que esta decisión se ha tomado como consecuencia de la ausencia de una propuesta por parte de las organizaciones sindicales y tras comprobarse que se estaban pagando pluses por penosidad de trabajo que no se justificaban con el volumen real de trabajo, por lo que se ha establecido un nuevo sistema por el que se abonarán dichos complementos salariales para los funcionarios que trabajen realmente en violencia de género y siempre en función del número de casos que se registren en cada juzgado y no según el número de trabajadores que dictamine el secretario judicial.
Justicia tomó esta decisión después de comprobar que existían diferencias entre los trabajadores que decían trabajar en cuestiones de violencia de género de los juzgados de Primera Instancia y/o Instrucción y los que realmente lo hacían.
Para el portavoz de IC, Imanol Oyarzábal “se vulnera el acuerdo alcanzado entre todos las fuerzas sindicales y el Gobierno en diciembre de 2008 sobre remuneración de los trabajadores en cuestiones de violencia sobre la mujer”, por lo que además de plantear la posibilidad de presentar un recurso a la citada resolución, se pregunta “¿cómo se supone que tienen que hacer su trabajo 55 personas si antes lo hacían 97?. Lo que se consigue con esta resolución unilateral es dejar a los juzgados canarios en precario y conseguir que los funcionarios que antes se hacían cargo de los temas de violencia de género ahora no quieran hacerlo porque no se les reconoce el esfuerzo que están haciendo”.
En este sentido alertó que ya se están registrando importantes problemas en los juzgados, ante la negativa de los secretarios judiciales a nombrar qué trabajadores seguirán realizando trabajos en violencia de género y quienes no.
Por su parte, UGT y CSI-F reconocen no estar de acuerdo con el recorte dictaminado por Justicia pero mantienen la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo a través de la negociación, algo que también comparte la Dirección General de Justicia y que se verá en las próximas mesas sectoriales.
