Casi cuatro años después de que un helicóptero cayera al mar frente a las costas de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, y provocara la muerte de seis personas, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) todavía no ha determinado las causas técnicas que provocaron el trágico suceso. Hace pocos días se ha sabido que la Fiscalía ha imputado un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad de los trabajadores a los dos administradores de la empresa propietaria del helicóptero, Inaer, así como a cuatro altos cargos de la misma.
Según Torres, los imputados son Luis Miñano San Valero y Jorge Díaz Crespo Cardona, como administradores; José Luis López Gómez, como director Técnico; Juan Fontanals Rodríguez, director de Operaciones, así como a Félix Dorado, jefe de Mantenimiento de la citada compañía. Además, también está imputado José Navarro Pino, director técnico de Hispacopter, otra compañía del Grupo Inaer, que estaba encargada del mantenimiento del helicóptero accidentado. El portavoz de la familia del copiloto, Carlos Torres, comenta que el proceso avanza muy despacio y el Juzgado que lleva el caso continúa esperando por el informe final de la citada comisión de expertos. De hecho, el órgano judicial ha enviado varios requerimientos al citado organismo del Ministerio de Fomento para que aporte las conclusiones y esclarecer el hecho.
Los familiares de las víctimas han denunciado públicamente sus discrepancias en cuanto a la forma en se llevan a cabo las investigaciones de la Ciaiac, en la que, según ellos, se han omitido hechos importantísimos y existen notables irregularidades.
En esa línea, los familiares de los fallecidos mantuvieron hace un par de meses un encuentro con el subsecretario de Fomento del Gobierno, Jesús Miranda Hita, para plantear la gravedad de la situación y la existencia de supuestas irregularidades en el proceso de investigación. Torres destaca que Miranda se comprometió a exigir a la comisión que subsane los posibles errores, a profundizar en aquellos asuntos que pudiesen generar controversia, así como a incluir todos los aspectos posibles del caso con el fin de que se establezca una causa probable del accidente. Y, al parecer, les consta que se avanza en esa línea.
Otro informe
En cualquier caso, las familias de las víctimas también han encargado otra investigación paralela al Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (Copac). Torres espera que ese segundo informe esté concluido antes del próximo mes de septiembre.
El portavoz de la familia del copiloto Antonio Ruiz Lacasa continúa sin entender por qué se ha retrasado la terminación del documento oficial de Aviación Civil, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo principal de la Comisión de Investigación de Accidentes del Ministerio de Fomento es establecer las causas de los sucesos para realizar recomendaciones de seguridad que puedan prevenir futuros hechos trágicos.
Torres explica que, lamentablemente, antes de que ese informe y sus sugerencias hayan visto la luz, ya se han producido otros hechos similares, como el ocurrido en Almería el pasado 23 de enero, donde fallecieron tres personas a bordo de un helicóptero operado por la misma compañía.