Cerca de 5.000 empleados públicos salieron ayer a la calle en Tenerife contra de las medidas del plan de ajuste anunciado por el Ejecutivo central, según cálculos de los sindicatos, mientras que fuentes policiales situaron la cifra en torno a los 2.500. Además, a la misma hora se dieron cita en Las Palmas de Gran Canaria otras 4.000 personas, según las estimaciones de las fuerzas de seguridad.

La marcha de Tenerife, que se inició pasadas las 18:30 horas desde la plaza de los Patos de Santa Cruz y culminó ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, congregó a trabajadores y afiliados de UGT, CCOO, CSI-F, Sepca, varias organizaciones sindicales de la Policía y la Guardia Civil, así como de Intersindical Canaria (IC), que realizó el recorrido unos veinte metros más atrás del bloque principal y, al término de la movilización leyó un manifiesto independiente al pronunciado por el resto de los sindicatos.

Del mismo modo, varias decenas de representantes de CNT y CGT llevaron a cabo un itinerario alternativo, saliendo desde el mismo punto pero atravesando la calle Mendez Nuñez, El Pilar, Valentín Sanz y El Castillo.

Tras una pancarta con el lema: "No a los recortes salariales y sociales", discurrió el primero de los bloques de la manifestación, mientras que la del grupo liderado por IC lucía el mensaje: "La crisis capitalista que la paguen los ricos". Entre tanto, los manifestantes corearon consignas como "Esto tiene solución, Zapatero a la prisión" o "Hace falta ya una huelga general".

Media hora más tarde, tres representantes de UGT, CCOO y CSI-F dieron lectura del manifiesto en el que subrayaron que "estos son momentos decisivos no sólo para el futuro de los empleados públicos y de nuestro sistema de pensiones, sino también para el futuro de la democracia". A su vez, esgrimieron que "el Ejecutivo de Zapatero, en vez de ponerse en primera línea de defensa de la sociedad que lo ha elegido, ha decidido capitanear la defensa de las rentas altas, del sistema financiero y de los especuladores".

Salida social a la crisis

Por último, reclamaron "una salida social de la crisis y unos servicios públicos de calidad", al tiempo que "si la reforma laboral toca los derechos de los trabajadores, nos van a volver a encontrar en el frente".

Minutos después, el secretario de Acción Sindical de IC, Ignacio Rodríguez, destacó que "ha habido un error en el diseño de movilización, ya que no se trabajó en los centros ni se realizó una gran labor informativa para contrarrestar el bombardeo ideológico y argumental por parte del Gobierno, el PP y la patronal".

Por ello, abogó por "mejorar los planteamientos en la respuesta que los ciudadanos deben de dar a la inminente reforma laboral".

Al respecto, subrayó que "trataremos de confluir con todo el movimiento sindical ya muchas veces la falta de unidad se debe a razones más de forma que de fondo".

En otro orden de cosas, el seguimiento de la jornada de huelga en el sector público rondó el 63% en el conjunto del Archipiélago, según la mayoría de los sindicatos, mientras que las administraciones fijaron unos porcentajes de participación entre el 48,64% del ayuntamiento de La Laguna y el 1,06% del de Las Palmas.

Así, el baile de cifras y las distintas lecturas sobre la convocatoria marcaron la primera huelga de funcionarios del país que, según los secretarios generales de UGT y CCOO en Canarias, Juan Francisco Fonte y Juan Jesús Arteaga, puede considerarse como "la antesala de la huelga general".

Tanto estas dos fuerzas organizaciones como Intersindical Canaria, que cuantificó el seguimiento en el 54%, calificaron los datos de satisfactorios, ya que esgrimen que los "abusivos" servicios mínimos han provocado que "sólo uno de cada tres trabajadores ha tenido derecho a la huelga".

En el desglose por administraciones, la Delegación del Gobierno en Canarias señaló en un comunicado que "el seguimiento de la huelga por los empleados públicos de la Administración General del Estado en las Islas fue del 6%", frente al 63% que contabilizaron, en una nota conjunta CCOO, UGT y CSI-F.

Entre tanto, en los diferentes cuerpos de la administración autonómica se cuantificó en un 4,35%, según el Gobierno de Canarias.

En concreto, fuentes del Ejecutivo precisaron que en lo que atañe al servicio de la Administración General, en el que se incluyen los servicios centrales de sanidad y el personal no docente de educación, ascendió al 4,49%. Por su parte, en la Administración de Justicia la incidencia llegó hasta el 12,2%.

Educación y Sanidad

Por último, en el apartado del personal docente, el Ejecutivo autonómico sostiene que "fue secundada por 3,2% frente al 4,38% del personal estatutario de sanidad". A su vez, en la enseñanza universitaria el paro apenas tuvo repercusión ya que desde hace dos semanas ha concluido la actividad docente. En esta línea, fuentes de la Universidad de La Laguna precisaron que la jornada transcurrió con total normalidad y no se suspendió ninguno de los exámenes programados. No obstante, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la movilización tuvo un respaldo del 30% del personal docente e investigador y del de administración y servicios.

En otras instituciones, como el Cabildo de Tenerife el paro fue secundado por el 3,27% de la plantilla, una cifra que apenas superó el 2% en el personal de las empresas dependientes y los organismos autónomos.

En el caso de los ayuntamientos, en el de La Laguna se logró el seguimiento más significativo, ya que, según el propio consistorio, la huelga fue seguida por el 48,64% de los funcionarios. También según datos oficiales, en el de Santa Cruz de Tenerife, "sólo 64 de los 1.039 empleados municipales (entre funcionarios y personal laboral) ejercieron su derecho a la huelga", lo que se traduce en una participación del 6,21%.

En Tegueste sólo 3 de los 22 funcionarios respaldó la convocatoria, que, sin embargo, no fue secundada por el personal laboral, mientras que en El Rosario, fuentes del ayuntamiento aseguraron que ninguno acudió al paro. Por contra, según el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el seguimiento se limitó al 1,06%.

Muy lejos de estas estimaciones, IC apuntó que "alrededor del 54% de los trabajadores no afectados por el cumplimiento de los servicios mínimos, participó en el paro", e insistió en que "el porcentaje ha sido más amplio en el ámbito de las administraciones públicas que en los sectores de la educación y la sanidad, donde se implantaron unos servicios mínimos abusivos".

Igualmente, la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO en Canarias argumentó que "el seguimiento en la administración local y general del Estado fue del 70%, mientras que en la administración de la Comunidad Autónoma, donde se decretaron unos servicios mínimos del 33%, se redujo al 50%". Además, apostilló que "en ayuntamientos como los Arico y de San Bartolomé de Tirajana el seguimiento rondó el 90%".