Los ministros del Interior de los Veintisiete respaldaron ayer poner en marcha un plan de acción para afrontar el problema de los inmigrantes menores no acompañados que llegan a Europa, tal y como reclamaba España. La prioridad de este plan será facilitar el retorno con sus familias o a instituciones de acogida en sus países de origen.
En 2009, un total de 10.960 menores no acompañados (un 13% más que el año anterior) presentaron solicitudes de asilo en la UE, según Eurostat. Pero si se cuenta también a los que no solicitan asilo, sino que emigran por motivos económicos -como ocurre en España, uno de los países más afectados por este fenómeno- el número total podría situarse entre 50.000 y 100.000 al año, según Bruselas. La mayoría viene de África Occidental, Afganistán, Irak o Somalia.
"El interés superior del menor, y así está reconocido en la normativa internacional, es que se proceda a la localización de su familia y a la reunificación familiar", destacó la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón. En este sentido, señaló que el plan habla del "retorno acompañado" y de la "reintegración del menor en su entorno".
El plan carece de dotación presupuestaria específica. No obstante, los estados piden a la Comisión que utilice los fondos existentes de cooperación exterior de la UE para financiar proyectos en los países de origen para prevenir la salida de menores no acompañados, por ejemplo escuelas, planes de formación profesional o programas para el empleo de los jóvenes. La UE también financiará proyectos para facilitar el retorno y la reinserción de los menores en sus países de origen.
El Fondo Europeo de Integración podrá utilizarse para pagar la construcción de instalaciones de acogida de menores no acompañados y otro tipo de acciones de integración. Los ministros pidieron al Ejecutivo comunitario que tenga en cuenta este problema a la hora de diseñar los instrumentos financieros de la UE a partir de 2014.
"Estamos hablando de un plan de acción que en el futuro debe contener acciones comunitarias para lograr estos objetivos. Con fondos de los Estados miembros pero también con fondos europeos", destacó la secretaria de Estado de Inmigración.
La Comisión había propuesto inicialmente dar un plazo máximo de seis meses a los estados miembros para encontrar una solución permanente para estos menores no acompañados, ya sea el retorno con sus familias, la concesión de asilo o la concesión de otro estatuto de acogida de acuerdo con la legislación nacional.
Sin embargo, los ministros del Interior rechazaron este plazo de seis meses y se limitaron a reclamar que las decisiones se adopten "a la mayor brevedad posible". "Se ha abandonado esa idea por encontrarla incompatible con el hecho de deber analizar los casos de los menores uno por uno", dijo Terrón.