Las autoridades chinas continúan aplicando la pena de muerte para diversos delitos, incluidos los no violentos, e imponiéndola tras juicios sin las debidas garantías, según señala el informe de AI de 2010 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que se presenta hoy en Londres.
Las estadísticas sobre condenas a muerte y ejecuciones continúan considerándose secreto de Estado, y aunque las ejecuciones se contabilizan por miles, el gobierno no ha hecho públicas las cifras reales, denuncia AI.
Asimismo, el informe de AI informa de que las autoridades chinas utilizan a menudo sanciones administrativas, como la "reeducación por el trabajo", para recluir a personas sin juicio y agrega que personas que han estado en campos de "reeducación" relatan que se perseguía a activistas políticos y personas que practicaban su religión al margen de los canales oficiales.
Por su parte, las autoridades recurrían a diversas formas ilegales de detención para recluir a miles de personas, como las "cárceles negras", las "clases de formación jurídica" las "clases de estudio" y las instituciones de salud mental.
Amnistía Internacional denuncia también que la tortura continúa siendo habitual en los lugares de detención y en ocasiones causó la muerte de personas y precisa que los métodos de tortura incluían dar palizas-a menudo con porras eléctricas-, colgarlas por las extremidades, alimentarlas por la fuerza, inyectarles fármacos desconocidos y privarlas del sueño.
En China los defensores de los derechos humanos fueron detenidos procesados, recluidos bajo arresto domiciliario y muchas veces sometidos a desapariciones forzadas, explica el texto del informe.
En las regiones habitadas por la población tibetana se impidió el acceso de observadores de derechos humanos independientes y las autoridades continuaron ejerciendo un férreo control sobre las prácticas religiosas.
En este sentido, sostiene AI, los miembros de los grupos católicos y protestantes que practican su religión al margen de los canales oficiales son hostigados, detenidos y en ocasiones, encarcelados.
En cuánto a la libertad de expresión, el informe señala que a medida que aumentaba la utilización de Internet para difundir noticias y mantener debates, las autoridades intentaron controlar su uso restringiendo la divulgación de noticias y cerrando publicaciones y sitios Web.
En concreto, AI informa que los cierres correspondían a los que "calumniaban el sistema político del país", aquellos que "tergiversaban la historia del partido" e incitaban al "separatismo étnico".
De esta forma, explica el informe, el gobierno bloqueó el acceso a contenidos y registró las actividades de los internautas a través de nuevos programas de filtrado como Blue Shield.
Tras publicarse en el mes de diciembre de 2008 la Carta 08, un documento que pedía reformas políticas y mayor protección de los derechos humanos, la policía interrogó a sus firmantes y los sometió a vigilancia durante muchos meses.
El informe constata finalmente, que las personas defensoras de los derechos fundamentales, entre los que se encontraban abogados, periodistas, activistas medioambientales y partidarios de reformas democráticas, fueron objeto de detenciones arbitrarias, reclusión en régimen de incomunicación y encarcelamiento.