La cifra de personas detenidas en relación con la eliminación de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife ya llega a trece, según las fuentes consultadas por EL DÍA ayer. Al parecer, todos los arrestados están acusados de un delito contra la admi- nistración pública, que se detectó a finales de 2009. Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido tomar parte en esta causa.
La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 del partido de Arona. Dicho órgano judicial, cuyo titular es el magistrado Nelson Díaz Frías, decretó el secreto de sumario y sobre las actuaciones, con el objetivo de que la operación culmine con la mayor eficacia posible.
Respecto a las 13 personas apresadas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía entre el pasado domingo y el lunes, está previsto que 11 de ellas pasen a disposición de la autoridad judicial en el transcurso de la mañana de hoy.
De esta manera, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación agotarán las 72 horas contempladas en la legislación para completar la instrucción de las diligencias y llevar al juzgado a los acusados.
Tal y como publicó EL DÍA en su edición de ayer, cinco de los detenidos han trabajado hasta ahora como funcionarios y personal laboral en la Jefatura Provincial de Tráfico, cuya sede central está en la calle Tomé Cano de la capital tinerfeña.
Según otra de las fuentes consultadas, entre los empleados públicos arrestados por los investigadores figuran una empleada, dos auxiliares, un jefe de Negociado y una jefa de Sección del citado organismo.
La operación para tratar de esclarecer el delito de supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores a conductores comenzó el pasado mes de noviembre.
La alerta de posibles anomalías en los trámites habituales partió de los responsables de la propia Jefatura Provincial de Tráfico. Dicha entidad realizaba el cambio de un sistema operativo informático y, casi por casualidad, se detectó un desfase en los datos de un registro de entrada y otro de salida.
Durante medio año, los investigadores de la Brigada de Extranjería y Documentación buscaron a las personas que podían estar implicadas en la destrucción de expedientes sancionadores y que dejaban los procesos de cobro en un "limbo" administrativo difícil de desentrañar.
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía contaron con la colaboración del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.