Después de una sesión tediosa que empezó poco antes de las diez de la mañana y terminó cerca de las dos de la tarde, el Parlamento de Canarias, gracias a los votos de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), aprobó ayer la Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias.

La nueva ley, sin embargo, podría encontrarse en contra con un recurso por parte del Estado. Anoche, la edición digital de El País informaba de que el Ministerio de Medio Ambiente habría decidido ya su presentación. Éste podría estar fundamentado en que es el Estado y no la comunidad autónoma quien marca los mínimos de protección de las especies, que se podrían haber vulnerado. Esto podría ser especialmente relevante teniendo en cuenta que se espera que muy pronto el Estado presente su propio catálogo, al que Canarias ha decidido no esperar.

Dentro del grupo de los nacionalistas, las miradas estaban puestas en sus dos diputados por El Hierro, cuya organización había mostrado su disconformidad con el texto. Finalmente, ambos votaron a favor tras una larga negociación que cristalizó en un aumento de la protección para el lagarto gigante y del cabezón herreño mediante una enmienda.

Desde el primer momento el Partido Socialista (PSC) mostró su intención de posponer el debate y la votación y, a través de su portavoz, Francisco Hernández Spínola, solicitó que hubiera un aplazamiento debido a las peticiones realizadas por los Cabildos de La Gomera y El Hierro, que solicitaban ser escuchados por considerar que no se tenían en cuenta sus competencias.

CC y PP rechazaron la solicitud socialista aludiendo a que esta cuestión ya había quedado resuelta en la reunión de la Junta de Portavoces y de la Mesa del Parlamento del día anterior cuando se desestimó apelando a que ningún cabildo ni ningún partido político había solicitado dicho trámite en el tiempo y forma previsto.

Respecto al debate, desde el comienzo, la diputada socialista Guacimara Medina manifestó la imposibilidad de llegar a un acuerdo con nacionalistas y populares "porque la propuesta que mantienen no tiene justificación, es un despropósito y da la espalda a la sociedad y a la comunidad científica para responder a otro tipo de intereses".

Mientras que el popular Carlos Ester insistió una y otra vez en que se trata "de la mejor norma posible porque aporta seguridad jurídica y es flexible porque permite a la ciudadanía y a la comunidad científica solicitar la catalogación o descatalogación de las especies", el nacionalista José Miguel González fue más allá y aseguró a la bancada socialista que no se habían "enterado de nada", "porque olvidan que ha sido el Estado el que ha dejado sin protección a más de la mitad de las especies protegidas y si no se lleva a cabo una ley como la que aquí se plantea se quedan completamente desprotegidas". Asimismo, negó haber tenido prisa alguna en lo que al trámite se refiere -tal y como había planteado Medina al recordar la rapidez con la que se había convocado la ponencia y la posterior Comisión Parlamentaria extraordinaria de Medio Ambiente- recordando que "a los socialistas se les concedieron dos prórrogas para que presentaran las enmiendas que consideraran oportunas, y presentaron un texto sin pies ni cabeza".

El trámite se alargó cuando los socialistas presentaron un escrito firmado por la quinta parte de los diputados en el que se solicitaba que la ley se votara punto por punto a través del llamamiento de los diputados, que ayer eran 56.

Todas las enmiendas del PSOE fueron rechazadas y todas las de CC y PP aprobadas, salvo la que presentaron "in voce" para aumentar la categoría de protección del lagarto gigante de El Hierro.

Con la aprobación nace la posibilidad de que, acreditando el interés general de la infraestructura, se puedan retomar las obras de puerto de Granadilla, después de que se paralizaran hasta que se definiera si la seba es una especie que debe ser protegida y conservada.

En este sentido, el catálogo incluye la seba dentro de los taxones "de interés para los ecosistemas canarios", es decir, que aunque reconoce que merece ser protegida, igualmente establece que dicha protección se reserva exclusivamente a los lugares que se hayan declarado como protegidos.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, se mostró esquivo al ser preguntado sobre lo que sucederá ahora con el puerto de Granadilla una vez que se ha aprobado el catálogo. "No le compete al Gobierno hacer nada al respecto" y aclaró que es la Administración del Estado la que tiene la competencia y la obligación de aplicar todas las normativas.

Más clara se mostró la vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavío (PP), que declaró que su partido se alegraba de la aprobación. "Es una buena noticia porque quiere decir que nunca más se paralizará la actividad económica para salvaguardar una especie supuestamente amenazada", en referencia a los sebadales. "No pasa nada por reconocer que se ha aprobado una ley que resuelve un problema de interés general fundamental para el futuro de Tenerife y de Canarias", mantuvo Tavío.