El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela, instructor de la querella contra Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo, ordenó ayer la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional, con lo que se abre el ca-mino a su posible suspensión cautelar.

Tras la decisión de Varela, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocó un pleno extraordinario mañana con un único punto en el orden del día: estudiar el auto de apertura de juicio oral a Garzón por un presunto delito de prevaricación y decidir si lo suspende cautelarmente de sus funciones en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En el auto, Varela rebate el argumento de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa al entender que las acusaciones populares (Manos Limpias y Libertad e Identidad, las únicas que acusan a Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo) carecen de legitimación procesal para sentarlo en el banquillo.

El instructor critica la posición del fiscal, que, dice, "omite, olvida o ignora" el criterio del TS respecto a la posibilidad de decretar la apertura de juicio oral a instancias sólo de la acusación popular, y dice que él nunca ha cambiado de posición jurídica favorable sobre la suficiencia de dicha acusación.

Decisión "muy grave"

En el auto se designa como órgano competente para enjuiciar a Garzón a los magistrados que admitieron a trámite las querellas que dieron origen a esta causa: Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

Para el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, la decisión de Varela, que considera "muy grave", "precipitada" y "completamente injustificable", no puede desvincularse de la reunión que mantenía ayer la Comisión Permanente del CGPJ para estudiar su petición de traslado a la Corte Penal Internacional (CPI), y en la que finalmente se convocó el pleno extraordinario de mañana que decidirá sobre la suspensión del magistrado.

La Comisión admitió a trámite la solicitud de traslado de Garzón en situación de servicios especiales al tribunal de La Haya como "consultor externo" de la Fiscalía, pero antes de adoptar una decisión al respecto acordó pedir varios informes a organismos vinculados con la materia. Uno de ellos, al Ministerio de Exteriores, aunque, según fuentes de este departamento, aún no se ha recibido la comunicación del órgano de gobierno de los jueces a la que responderán en el plazo más breve posible.

El CGPJ pedirá también un informe al Servicio de Inspección del Consejo y un tercero al Servicio de Personal Judicial sobre la situación del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional que dirige Garzón y sobre los antecedentes de solicitudes similares.

Además, decidió dirigirse "a la mayor brevedad posible" a la Fiscalía de la CPI a fin de que concrete la fórmula de colaboración que el fiscal jefe de este órgano, Luis Moreno Ocampo, ofreció al juez de la Audiencia Nacional.

Según explicó la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el pleno de mañana también debatirá si se puede permitir el traslado de Garzón a la CPI si es suspendido.

Fuentes jurídicas indicaron que de hacerse efectiva esa suspensión cautelar, Garzón no podría irse a La Haya en situación de servicios especiales, lo que no tiene por qué impedir que se pudiera ir a título particular.