El pleno del Congreso ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno a impulsar el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, especialmente para garantizar la responsabilidad de todas las instituciones del Estado en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de las víctimas del franquismo.

La moción consecuencia de interpelación presentada por IU-ICV -que ha acordado una enmienda de sustitución con el PSOE- ha salido adelante con 186 votos a favor (de estos dos grupos, junto con CiU, PNV, ERC y la mayoría del mixto), 145 en contra (del PP y UPN), y 1 abstención (Coalición Canaria).

La iniciativa insta al Gobierno a garantizar "la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas", de manera que si no lo garantizan las autonomías sea la Administración central la que lo haga subsidiariamente, y a potenciar la Oficia de atención a las víctimas para facilitar los procedimientos.

También recuerda que el ordenamiento jurídico español "obliga a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio", aunque declara su respeto a la interpretación que de las normas hacen jueces y tribunales.

IU-ICV no ha logrado el acuerdo del PSOE, no obstante, para constituir un día anual de conmemoración de los represaliados, o crear una Fiscalía especial para estos crímenes y un Alto Comisionado para atender a las víctimas.

Herrera, durante su defensa de la iniciativa, ha subrayado que su aprobación es una "buena noticia" para las familias de las víctimas que hoy se sienten "solas" buscando a sus desaparecidos, sin respaldo de la administración o la Justicia.

También es un paso contra quienes "han querido hacer saltar por los aires el pacto constitucional desnaturalizando la Ley de Amnistía" para evitar que se persigan los crímenes de lesa humanidad y genocidio que se cometieron durante la dictadura.

Herrera se ha mostrado escéptico ante el cumplimiento de la moción por parte del Gobierno, puesto que "no quiere ir tan lejos como la sociedad".

"No esperamos gobiernos valientes", ha agregado, pero sí que cumplan las resoluciones del Congreso y que "no eche agua al vino".

Se refería el diputado a la oposición del Ejecutivo de reformar varios artículos de la Ley de Memoria, ya que fuentes del Gobierno han precisado que para garantizar el desarrollo de esta norma no es necesario modificarla, sino impulsar su cumplimiento potenciando la actuación de la Oficina de atención a las víctimas.

El diputado socialista Daniel Fernández ha explicado el acuerdo alcanzado con IU-ICV al entender que pese a los avances que ya se han hecho para restituir la memoria de los represaliados, queda tarea por realizar, labor que podrá impulsar y coordinar en toda España la Oficina para las víctimas.

Según ha explicado, el PSOE está dispuesto a apoyar las reformas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley "siempre desde el respeto al marco competencial vigente".

Han apoyado la iniciativa el PNV -al entender que no se han cumplido todos los aspectos de la Ley, aunque su portavoz, Aitor Esteban, ha dudado que el Gobierno "enderece su rumbo" al aplicarla-, y CiU, que ha pedido que la Oficina de las Víctimas demuestre una "sensibilidad más resolutiva", en palabras de Jordi Xuclà.

El diputado popular Jorge Fernández Díaz ha explicado su postura contraria alegando que la moción "no resuelve cuestiones pendientes" y, junto con otras iniciativas parlamentarias, más bien reabre el debate sobre la "clave de bóveda" sobre la que se construyó la transición: la Ley de Amnistía.

"Algunos no sólo quieren desenterrar muertos, sino también rencores pasados", ha agregado.

Desde el grupo mixto Francisco Jorquera ha apoyado la iniciativa por la necesidad impulsar el desarrollo de la ley y para evitar que la Ley de Amnistía sea interpretada como una Ley de Punto Final.