La Fundación Instituto Edad y Vida, plataforma de empresas del sector de la dependencia, afirmó que la Ley de Dependencia "no ha cumplido con sus expectativas", ya que "se han desvirtuado muchos de sus principios rectores, de manera que se ha convertido a una ley prestadora de servicios en una ley de subsidios". Del mismo modo, señalan que no se han cumplido las previsiones de creación de empleo (300.000 puestos de trabajo) y sólo se han alcanzado los 100.000, el 90% en cuidados familiares.

Tres años después de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, el director general de la Fundación Instituto Edad y Vida, Albert Vergés, indicó que frente al espíritu con el que nació la ley, de prestación de servicios a través de un catálogo de atención a la dependencia en todas sus variables: teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencia, lo que hoy en día abundan en el conjunto de España son las ayudas económicas para familiares, contemplada como "excepción" en la ley, pero convertida en "norma".

Por eso, afirmó que "hemos convertido una ley de servicios en una ley de subsidios, lo que, unido a un marco que no define claramente la planificación ni unas reglas de juego claras tanto en acreditación como en copago, genera una gran incertidumbre en la iniciativa privada y su inversión", señaló.

La norma, dijo, preveía una media de copago del 33%, pero "en ni una sola comunidad autónoma se supera el 8%".

Incluso, señaló que las previsiones de creación de empleo a través del desarrollo de la Ley de la Dependencia eran de 300.000 puestos de trabajo y, en cambio, apenas se han alcanzado los 100.000, el 90% de ellos, cuidadores familiares. Vergés dijo que el "excesivo" protagonismo de la prestación económica para el cuidado del dependiente por parte de familiares está creando una "bolsa de empleo sumergido que no tiene ningún tipo de retorno social".

De hecho, apuntó que por cada euro invertido en servicios profesionales la Administración recupera un 0,6%, mientras que con el cuidador que no se da de alta, la recuperación es "nula".

Además, apuntó que en el actual contexto de crisis económica, esta práctica se ha favorecido aún más, porque esta ayuda "se destina a otras muchas cosas que no son el cuidado del dependiente", lo que ha contribuido a que no se genere la confianza suficiente para alcanzar uno de los principios básicos de la ley: la creación de una red de atención pública con la colaboración de la iniciativa privada, una fuente de creación de empleo.

Frente a ello, consideró necesario que, por un lado, se defina "claramente" el concepto de excepcionalidad, es decir, cuáles son los elementos básicos que debe reunir una persona cuidadora para atender adecuadamente cada grado y nivel de dependencia y que, por otro, se tenga en cuenta su edad, ya que "no puede ser que un dependiente de 80 años sea atendido por una persona de la misma edad o más".