Un "sí" muy crítico. Así puede resumirse el informe de la Conferencia General de Política Universitaria -órgano de coordinación entre el Ministerio de Educación y las administraciones educativas de las comunidades autónomas- a la propuesta de implantación en La Orotava de una universidad privada. Aunque es favorable al expediente de reconocimiento de la Universidad Europea de Canarias, el informe, emitido el pasado 26 de abril y al que ha tenido acceso este periódico, condiciona esta aprobación a la subsanación de varias deficiencias, alguna de ellas de bastante calado.

Además de una serie de observaciones particulares, que también deben ser atendidas, la Conferencia pone en cuestión que el proyecto del nuevo centro académico se atenga a algunos de los aspectos que, según la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), deben tenerse en cuenta a la hora de crear y reconocer instituciones de enseñanza superior.

En este sentido, en el texto se recoge que la oferta prevista "no constituye desarrollo de nuevas ramas surgidas del avance científico" -como establece la norma-, sino que "incorpora enseñanzas suficientemente consolidadas". Tampoco da respuesta esta propuesta de titulaciones "a necesidades de los distintos sectores profesionales, dado que el mercado laboral se encuentra suficientemente atendido en lo que respecta a la proyección profesional de buena parte de las enseñanzas ofrecidas", según el informe.

La Conferencia de Política Universitaria admite que "la principal razón de ser de la nueva universidad sería (...) la derivada de la conveniencia de ofrecer enseñanzas que no existen en la Comunidad Autónoma (odontología y publicidad) o respecto de las que la demanda es superior a la oferta (arquitectura, enfermería y fisioterapia). Sin embargo, aclara que este razonamiento "sólo es de aplicación a un reducido número del conjunto de enseñanzas previstas".

Pero también advierte de que las políticas de fomento de la movilidad -que es "un decidido objetivo de la nueva política universitaria de becas y ayudas al estudio"- y la "progresiva caída de matrícula en la enseñanza universitaria" son datos "que contrarrestan el argumento relativo a la insatisfacción de la demanda".

Como factores a favor de la implantación de la universidad privada, el informe destaca que el nuevo centro "permitirá cursar enseñanzas a personas adultas que (...) no pueden desplazarse a otra universidad", y señala que "el incremento de la oferta formativa superior contribuirá a desarrollar un nuevo modelo de desarrollo económico".

Como observaciones de carácter más particular, la Conferencia General de Política Universitaria se refiere a la "cierta indefinición" de las normas de organización de la universidad privada. En este sentido, apunta que no se explicita la exigencia de que el rector y los vicerrectores estén en posesión del título de doctor y que "no se detalla la plantilla del profesorado al comienzo de la actividad y las previsiones de crecimiento anual hasta la implantación total de las enseñanzas". Asimismo, "no se garantiza el cumplimiento del número de doctores exigido".

También critica la Conferencia que no se prevea la existencia de "estructuras específicas que aseguren el cumplimiento de los objetivos investigadores propuestos" y duda de que el objetivo de que el centro no supere a medio plazo los 3.000 alumnos "será causa de que no se genere una mínima masa crítica necesaria en tareas investigadoras".