LOS DEPARTAMENTOS de Economía y Hacienda de las distintas administraciones públicas se enfrentan a una de las situaciones más complejas desde que vivimos en democracia: la elaboración de los Presupuestos para el año 2011. Para poder explicar a la gente cómo se ha llegado a esta grave situación, es importante hablar claro y que "las cosas" de la economía y de los presupuestos se entiendan.

El presupuesto de cualquier administración pública se hace como el de una familia normal que tiene previstos unos ingresos y unos gastos durante el año: si al final los gastos son iguales a los ingresos, se dice que el presupuesto está equilibrado. Si los ingresos son superiores a los gastos, se dice que hay superávit; y si finalmente los ingresos son inferiores a los gastos, habremos incurrido en déficit.

Cuando la ejecución del presupuesto nos indica que estamos incurriendo en déficit (los ingresos no son los previstos), podemos hacer dos cosas: adecuar los gastos a los ingresos o pedir un crédito a un banco (esto tiene el inconveniente de que hay que devolverlo, por lo que será un gasto para presupuestos futuros. A eso se llama carga financiera). Por tanto, la clave de cualquier presupuesto está en acertar en la previsión de ingresos y en no gastar más de lo previsto.

Una parte muy importante de los ingresos de la comunidad autónoma de Canarias viene del Estado, o lo que es lo mismo, para que el Gobierno de Canarias acierte con la parte del presupuesto de ingresos, se debe fiar de las previsiones de ingreso que hace el Gobierno de España.

Para que se entienda mejor: Elena Salgado le dice a José Manuel Soria lo que ellos tienen previsto recaudar durante el ejercicio y el importe de las transferencias que nos ingresarán durante el año en base a esa previsión. Con esa información se confeccionan los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que para 2011 deberá asumir un recorte de 1.069 millones de euros.

Esa drástica disminución para los presupuestos de 2011 se debe fundamentalmente a tres razones: a) la errónea previsión de ingresos que hizo el gobierno socialista durante los Presupuestos Generales del Estado para 2008 y 2009 (ahora toca devolver el exceso de transferencias recibidas). Eran los tiempos en los que se negaba la crisis y se aprobaban medidas incoherentes para incentivar el consumo; b) la disminución de las transferencias que recibirá Canarias derivado del nuevo sistema de financiación autonómica y al duro ajuste que se asumirá (ahora sí) por el Estado en sus Presupuestos para 2011; y c) a los recortes exigidos por la Comisión Europea a todos los Estados miembros en sus niveles de endeudamiento (lo que se puede pedir a los bancos) con el fin de reducir el déficit público en los próximos años. A este respecto, es curioso o sospechoso que las autoridades europeas quieran supervisar el presupuesto español con carácter previo a su aprobación.

Aclaro esto porque anda por ahí algún dirigente socialista indocumentado manifestando que la culpa de estos recortes se debe "al fracaso rotundo de la gestión económica y presupuestaria del Gobierno de Canarias y de José Manuel Soria" y al "incumplimiento de los planes de estabilidad acordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera". A este diputado regional socialista de la vieja escuela le vendría bien un par de tardes con su compañero Jordi Sevilla para curarle ese desconocimiento profundo de la realidad.

La cosa no está para bromas. Las administraciones públicas tienen muy poco margen de maniobra para ajustar sus cuentas. Si se excluye del recorte la parte del presupuesto que va al pago de las nóminas de los empleados públicos y la parte que se destina a los gastos de funcionamiento de servicios públicos esenciales como sanidad, educación, bienestar social y justicia, sencillamente, no salen las cuentas.

Así las cosas, la clave está en cómo ofrecer los mismos servicios reduciendo el gasto de personal. Si no, el peso relativo del capítulo destinado al pago de nóminas se incrementará considerablemente respecto al resto del Presupuesto.

Este problema afectará por igual a todas las administraciones públicas. Si no ponemos remedio a esta situación nos encontraremos en muy poco tiempo con administraciones en "estado vegetativo", en las que una parte importante de los empleados públicos no tendrán nada que gestionar. El problema ya no será el absentismo, sino el "presencialismo laboral" (empleados públicos que se presentarán en su puesto de trabajo pero que no tendrán nada que hacer).

Las medidas serán muy duras para todos y deben pasar, sin duda, por un ajuste en el capítulo de personal, disminuyendo las retribuciones de los altos cargos, aplicando una severa reorganización del sector público empresarial y eliminando cualquier gasto que no sea absolutamente imprescindible.

Se acabó la fiesta.