Escasos días después de las revueltas que llevaron al derrocamiento del presidente Kurmanbek Bakíev, el Gobierno provisional de Kirguizistán abrió ayer consultas con Rusia, la Organización sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las Naciones Unidas (ONU) para lograr el respaldo diplomático internacional y evitar el estallido de un conflicto civil.
"Nos preocupa la situación en Kirguizistán. Hemos conversado sobre la necesidad de evitar la violencia y garantizar la seguridad, la estabilidad y los derechos humanos", aseveró Zhanibek Karibzhánov, enviado especial de la OSCE, tras reunirse en Biskek con Rosa Otunbáyeva, la nueva líder kirguís.
Otunbáyeva informó al emisario de la OSCE de que el depuesto presidente Bakíev, refugiado en su patria chica en el suroeste del país, se niega a renunciar a su cargo e intenta agrupar a sus partidarios y representantes de su clan familiar.
Bakíev, quien se encuentra en la localidad de Markai, en la región de Jalal-Abad, sólo rompió la víspera su silencio para asegurar que no dimitirá, aunque admitió que no puede influir en la situación en Kirguizistán.
Otunbáyeva pidió a la comunidad mundial que se investiguen los "abusos del régimen de Bakíev", derrocado el miércoles tras unos violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes opositores en la capital que dejaron 76 muertos y unos 1.500 heridos.
La ex ministra de Exteriores rechazó cualquier diálogo con Bakíev, pero aseguró que su Gobierno permitirá que abandone el país.
Subrayó que ya se ha dado orden de busca y captura del hermano de Bakíev, Zhanysh, el jefe de los servicios secretos que había ordenado disparar contra la multitud.