Santa Cruz de Tenerife
LO ÚLTIMO:
foto del aviso
Una plataforma petrolífera, primer atraque en el puerto de Granadilla leer

La comisión disciplinaria del CGPJ propone apartar de carrera judicial al ex presidente de la Audiencia de Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press
9/abr/10 16:29 PM
eldia.es

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto apartar de la carrera judicial al ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, por un total de 4 faltas muy graves relacionadas con una supuesto delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos del que ya Martín fue absuelto por el Tribunal Supremo (TS), al ser acusado de presuntamente interceder en 2005 en favor del narcotraficante Rafael Bornia.

Según una información del diario digital Canariasahora recogida por Europa Press, esta propuesta --que tendrá que ser apoyada por el Pleno del CGPJ del próximo 22 de abril-- está relacionado con un expediente disciplinario abierto en 2005.

En éste el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, aseguró que "había quedado sobradamente acreditado que Martín puso el ejercicio de su función de magistrado al servicio del interés de Rafael Bornia, un narcotraficante por el que el ex presidente de la Audiencia Provincial intercedió para que le fuera concedida la libertad bajo fianza".

Por su parte, las faltas que conforman el expediente disciplinario se corresponden con una presunta inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas.

Además de la intromisión mediante órdenes o presiones de cualquier clase en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado; y ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez y magistrado, considerando el instructor del expediente que esta última falta se cometió dos veces.

Así, entendieron que ha quedado "plenamente acreditado" que Martín intercedió en favor de Rafael Bornia en 2005, cuando éste se encontraba en prisión preventiva por un caso de narcotráfico, siendo el ahora ex presidente de la Audiencia Provincial, máximo mandatario de la misma.

PRESIDENTE DE LA SECCIÓN I DE LA AUDIENCIA

El magistrado José Antonio Martín, absuelto por el Tribunal Supremo el pasado 10 de febrero de un presunto delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos --hecho por el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le condenó con anterioridad a suspensión de empleo o cargo público que implique el desempeño de funciones jurisdiccionales durante un año y seis meses-- tomó el pasado 2 de marzo posesión como nuevo como presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El CGPJ levantó así el pasado mes de febrero la suspensión que pesaba sobre el también ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, que desde marzo ha vuelto a ocupar su cargo como presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial y que eludió hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Martín Martín fue apartado de forma temporal de su cargo por el CGPJ tras ser acusado de un presunto delito de negociaciones y de actividades prohibidas a funcionarios públicos por favorecer presuntamente al narcotraficante Rafael Bornia a través del empresario Wilebaldo Yanes.

Sin embargo, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) absolvió el 10 de febrero a Martín. El fallo declaró la inocencia de José Antonio Martín al considerar que su asesoramiento "carecía de relevancia suficiente" y el CGPJ le levantó la suspensión que pesaba sobre él.

En un breve acto el 2 de marzo en la sede del TSJC en la capital grancanaria, la secretaria de gobierno del TSJC leyó la publicación en el BOE número 313 de 29 de diciembre de 2008 del acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 1 de diciembre de 2008 por el que se nombró a Martín presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y hoy compareció para tomar posesión de su cargo en virtud de acuerdo de la Comisión Permanente del 23 de febrero de 2010 por el que se decidió alzar la suspensión cautelar acordada en relación al mismo.