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M.CH., Tijarafe
La preocupación generada por los escapes de peces de cultivo marino con una alta capacidad depredadora se ha extendido entre las instituciones de la Isla y los representantes del sector pesquero, que ven peligrar la biodiversidad del fondo marino de La Palma como consecuencia del impacto generado por miles de ejemplares de lubinas en libertad. Esa preocupación ha sido manifestada una vez más por el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tijarafe (CC) que ya había solicitado con anterioridad la revisión de la actividad acuícola que se lleva a cabo en su litoral.
El alcalde, Marcos Lorenzo, se manifestó contrario a la presencia de jaulas marinas en la costa tijarafera, tal y como ya recogió un acuerdo plenario de esta administración local, exigiendo a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias que corrija de inmediato los defectos generados por la acuicultura o que ordene la retirada de las concesiones otorgadas en su día con el cierre de las instalaciones en el caso de que se mantengan los problemas actuales, con unas circunstancias que para el mandatario local son "insostenibles".
Marcos Lorenzo dejó claro que "Tijarafe ya lo había advertido". Hace más de un año, comentó, el ayuntamiento presentamos alegaciones al Plan regional de Ordenación de la Acuicultura. No nos han respondido. Nadie se ha dirigido a nosotros y no sabemos qué está pasando ahí abajo, hay cierto oscurantismo. Es más, en Pesca nos hemos encontrado hasta caras largas cada vez que preguntamos por esto".
Lo que está claro, dijo el alcalde, es que tras lo que ha sucedido con los temporales y los escapes de miles de ejemplares de lubinas, "la Consejería de Agricultura debe intervenir de forma inmediata, porque un accidente puede pasar, pero hay un descontrol evidente de la actividad. Creemos que es peligroso tener las jaulas como están, sin plan de contingencia ante posibles escapes dañinos para el ecosistema", como han dicho los expertos.
En ese sentido, desde el grupo de gobierno de Tijarafe se insiste en la necesidad de que el departamento de Pesca del Ejecutivo canario se encargue de realizar o fiscalizar a las empresas con informes directos de la Administración pública, en los que queden claras las condiciones en las que se desarrolla la actividad, tal y como obliga la ley.
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