LA POBLACIÓN en Canarias a 1 de enero de 2007 se cifraba en 2.025.951 personas; siendo su población activa a finales de ese mismo año de 1.024.330 personas (60,65% del total de los habitantes), con 911.500 ocupados (88,98%) y 112.830 parados (11,02%). Dos años después, la población se situaba en 2.103.995 habitantes, presentado a finales del año 2009 1.092.070 personas activas (62,87% del total), 798.240 personas ocupadas (73,09%) y 293.830 personas paradas (26,91%). En estos dos últimos años, el paro ha subido en 181.000 personas, o lo que es lo mismo el paro ha aumentado 2,6 veces, es decir una barbaridad.
Este incremento es propiciado por las ya consabidas crisis financieras, del ladrillo y del turismo; aunque su brutal repercusión ha sido posible gracias a la inexistencia de factores protectores del empleo en las distintas administraciones (locales, Comunidad, Estado y Unión Europea). Ahora mismo, las medidas paliativas sólo tratan de remendar un daño previsible (y contenible en su debido momento); desafortunadamente, estas mismas medidas, muchas veces, promueven el mismo desempleo, principalmente en educación y en sanidad.
La población de Tenerife ronda los 900.000 habitantes, de los que el 25% reside en el norte de Tenerife, el 30% en el Sur de la isla y el 45% en y alrededor de Santa Cruz-La Laguna. La tasa de personas activas en el norte de la isla, a finales de 2009, giraba en torno al 59% (134.701 personas); la tasa de ocupados rondaba el 75% (101.026 personas), y la tasa de paro se colocaba sobre el 25% (33.675 personas) aproximadamente.
Es menester comentar que mientras las administraciones europeas, del Estado, de la Comunidad y las locales no busquen un/unos objetivo/s inversor/es no se va a salir de esta dura crisis que nos afecta, en general, a todos y a todas. Si la estrategia de los ayuntamientos del norte de la isla se basa, simplemente, en ahorrar (eliminando los gastos que son entradas para las pequeñas empresas de los municipios y despidiendo a su propio personal) a costa de reducir ostensiblemente su presupuesto, sólo están contribuyendo a empeorar la situación actual. La capacidad administrativa de un ayuntamiento no se debe guiar tanto en cuánto soy capaz de gastar, sino en cuánto soy capaz de invertir sin comprometer mi patrimonio, beneficiando de esta manera a los ciudadanos del territorio. Servir no es servil, servir debe ser beneficio en pro de la mejora de la calidad de vida del ciudadano; y si no hay trabajo no se puede hablar de calidad, ya que se incumple el artículo 35 de la Constitución española (el derecho al trabajo).
Los ayuntamientos son los primeros que deberían velar y proteger los derechos constitucionales de nuestra joven democracia, particularmente el derecho al trabajo; y no tendrían que ocultarse tras la crisis, como ya lo hacen algunas empresas.
* Secretario de la Asociación Wolfgang Köhler
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