CABRÍA suponer que a las administraciones públicas les corresponde el privilegio de ser las primeras en dar ejemplo a la hora de cumplir la ley. Parece que no. Ahí sigue el problema de los autónomos y pequeños empresarios desapareciendo a mansalva porque no les pagan los ayuntamientos, ni las consejerías de las comunidades autónomas, ni nadie.
No menos lacerante, por no emplear otro calificativo, es el asunto de los terrenos de Hoya Fría. La última novedad sobre el asunto -o la penúltima, vaya usted a saber- es la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite el recurso interpuesto por la cooperativa Hespérides contra el Ministerio de Defensa por un litigio de responsabilidad patrimonial. Haciendo un poco de memoria sobre hechos de sobra divulgados en los medios de comunicación, los terrenos que ocupa la base militar de Hoya Fría fueron cedidos en su momento al Ejército de Tierra por sus propietarios -la familia Rodríguez López- con la condición de que su uso fuese militar, y que éstos volviesen a sus dueños iniciales si algún día se dedicaban a otro fin.
Como los ejércitos necesitan carne de cañón, pero también dinero para comprar los cañones, un buen día el Ministerio de Defensa decidió parcelar una parte de esos terrenos, enajenarlos para la construcción de viviendas y hacer un poco de caja. ¿Oportunismo de quienes compraron dichas parcelas en esas condiciones? Opiniones las hay para todos los gustos. Lo cierto a efectos legales es que 115 familias agrupadas en la cooperativa Hespérides pagaron en 1977 un total de 233 millones de pesetas -la moneda entonces en vigor- por esos solares. La familia Rodríguez López entendió que el Ministerio de Defensa no estaba capacitado para realizar tal transación, acudió a los tribunales y estos le dieron la razón. Para no verse desposeídos de sus propiedades, los 115 cooperativistas de Hespérides han tenido que pagar, en conjunto, 8.134.000 euros adicionales. Han pagado los que han podido hacerlo, conviene aclararlo, porque algunos tuvieron que renunciar a sus derechos al no poder hacer frente a los 70.730 euros adicionales de la derrama. Los afectados le reclaman ahora a Defensa que sufrague esta cantidad, pues ellos compraron las parcelas de buena fe. Por añadidura, se quejan de que el Ejército se ha dado prisa en negociar, y llegar a un acuerdo, con la familia Rodríguez López para que no los desahucien de la base militar que todavía ocupan. Con los propietarios afectados parece que no tienen tanta prisa.
Supongo que al final será una sentencia judicial quien decida. Hace tiempo que en este país todo se decide en los juzgados. No obstante, y sobre todo considerando las desagradables circunstancias que concurrieron en su día para que esos terrenos pasaran a manos del Ejército, convendría ponerle fin a este asunto cuanto antes. Al menos por una cuestión de buen gusto. Además, convertido en una mera organización de caridad humanitaria, una simple ONG -grande, pero ONG a fin de cuentas-, no necesitan los militares españoles mucho suelo para cuarteles; ni en Hoya Fría, ni en Los Rodeos, ni en ningún lugar conocido. Les sobra con un local cedido por cualquier asociación de vecinos donde ir recogiendo ropas, mantas, medicamentos y similares con los que atender sus pacíficas misiones humanitarias.
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